Carpetazo. Un juez de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación de una denuncia del exdirector de la agencia de detectives Método 3 contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en la que responsabilizaba al excomisario de la sustracción de documentación en un registro en su empresa de Barcelona, el 2013, relacionado con la grabación de un encuentro de la exlíder del PP en Cataluña Alicia Sánchez Camacho y Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, en el restaurante La Camarga, en Barcelona, según informa la agencia Efe este miércoles. El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, atiende así, a la petición que le hizo la Fiscalía Anticorrupción en este sentido y que el juez pospuso a la toma de declaración a un exempleado de Método 3, Julián Peribáñez.
Tanto el juez instructor de la Audiencia Nacional como la Fiscalía entienden que los hechos investigados en esta pieza, la número 27, eran coincidentes con otra, la número 3, una de las tres que han sido juzgadas recientemente y en la que el que fuera director de la ya extinta agencia de detectives, Francisco Marco, ha ejercido la acusación particular.
El caso de La Camarga y Sánchez-Camacho
Francisco Marco, investigador privado y exdirector de Método 3, afirmó en una entrevista en el programa Preguntes freqüents, el julio pasado, que la exlíder del Partido Popular en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, fue quien ordenó la grabación de La Camarga. "Alicia Sánchez-Camacho ordenó la grabación de La Camarga. Tenemos que desterrar la idea de una coalición entre el PSC y el PP; se ha demostrado una y otra vez que no es cierto", aseguró el investigador. La grabación registraba una conversación entre la popular y Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, el año 2010, sobre dinero que tenía la familia del expresidente de la Generalitat en Andorra, y luego la policía patriótica presionó a los bancos para descubrirlo, como recientemente reconoció Villarejo.
En la pieza 3 -sobre la disputa por la herencia del promotor de la urbanización de lujo La Finca-, ya se ha "atendido al supuesto apoderamiento de documentación, a su tratamiento y a la infracción de un funcionario público, como era el excomisario", por lo que estos hechos, dice el auto, "no pueden ser valorados de nuevo" sin riesgo de incurrir en el principio de "non bis in idem" (no ser juzgado dos veces por un mismo hecho).
De la declaración prestada por Peribáñez, añade el juez, tampoco "se han desprendido elementos indiciarios suficientes como para corroborar" los hechos denunciados -la sustracción de documentos durante un registro en la empresa en 2013-, "ni para descartar la duplicidad o solapamiento procesal entre esta investigación y la que centró la pieza 3".
Además, el juez añade los hechos denunciados "se solapan" también con otras investigaciones y procesos judiciales abiertos en Barcelona, tanto "a propósito de la grabación en el citado restaurante, como en cuanto a la diligencia de entrada y registro en la sede de Método 3 y su desarrollo", por lo que García Castellón sostiene que no corresponde a su juzgado determinar "la licitud o ilicitud de un registro policial". En su denuncia, Francisco Marco responsabilizaba a José Manuel Villarejo de estar detrás del registro policial efectuado en 2013 a su empresa en el marco de las pesquisas sobre la grabación del citado almuerzo en el restaurante La Camarga.
La apertura de esta pieza, que ahora se archiva, se apoyaba también en la documentación que halló la Policía en el registro a la casa de Villarejo en 2017: expedientes, facturas y correos que pertenecían "de manera indiciaria a Método 3". Sin embargo, el juez concluye que "tras las diligencias desarrolladas en esta instrucción, no ha sido posible concretar los indicios" que dieron lugar a la apertura de esta pieza.
El comisario Villarejo tiene diversas denuncias por la Operación Cataluya, como es el caso de la familia Sumarroca, investigada por su relación con la familia Pujol, y también de los directivos de la extinta banca andorrana BPA, que se han ofrecido a declarar en la comisión del Congreso de Diputados.