La sección territorial catalana de Juezas y Jueces por la Democracia ha emitido un comunicado con relación a los encarcelamientos de 5 líderes más del procés en que cuestiona la prisión provisional dictada por el juez Pablo Llarena y la acusación de rebelión.

La entidad de jueces y juezas progresistas recuerda la excepcionalidad de la prisión preventiva y la doctrina muy restrictiva del Tribunal Constitucional sobre esta medida. En este sentido, recuerdan que uno de los encarcelados, el conseller de Presidència Jordi Turull ha sido designado candidato a la Generalitat y que el derecho de representación politica se puede ver cuestionado si tuviera que ejercer el cargo desde la prisión.

A la vez, el comunicado apunta que "para la doctrina y para un gran sector de juristas los hechos que han tenido lugar en Catalunya en los últimos meses no tienen encaje en un delito que exige "un levantamiento público y violento". Y recuerda la presunción de inocencia de los procesados.

JPD denuncia además, la "creciente judicialización de la política" y llama al diálogo. "La falta de soluciones políticas a un conflicto político no se puede sustituir sólo con el Código Penal", concluye.

El texto íntegro del comunicado es el siguiente:

"La medida de prisión provisional está configurada legalmente como una medida excepcional. Es la más grave restricción del derecho a la libertad de las personas sometidas a un proceso penal. El Tribunal Constitucional ha consolidado una doctrina muy restrictiva al respecto, dado que hay otras medidas cautelares que pueden conseguir las finalidades de sujeción al proceso judicial.

Los investigados por el denominado "proceso hacia la independencia" se enfrentan a penas muy elevadas como consecuencia del auto de procesamiento por delito de rebelión y otros, que en el día de ayer ha dictado el Magistrado Instructor del Tribunal Supremo. Para la doctrina y para un gran sector de juristas los hechos que han tenido lugar en Catalunya en los últimos meses no tienen encaje en un delito que exige "un levantamiento público y violento". El Tribunal Supremo, en un futuro próximo, tendrá que decidir, después de un juicio oral y público, si considera que la actuación de los procesados constituye uno de los delitos más graves configurados en el Código Penal. Disfrutan hasta entonces de la presunción de inocencia.

La medida de prisión provisional dictada en el día de ayer, modificando las que ya tenían antes impuestas, afecta a personas con cargos públicos que han sido elegidas democráticamente en las pasadas elecciones del 21 de diciembre. Representan fuerzas políticas que pueden tener mayoría para formar el futuro gobierno de Catalunya en el marco de la legalidad constitucional. Uno de ellos ha sido proclamado candidato a Presidente.

En la ponderación de los derechos en juego no podemos olvidar que el artículo 23.1 CE establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o mediante representantes entrega elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Este derecho de representación política puede quedar cuestionado si algunos de los cargos electos tienen que ejercer su cargo desde la prisión.

En anteriores comunicados hemos expresado nuestro compromiso firme y leal con la Constitución y con las leyes que emanan de los poderes legalmente constituidos. Creemos con el Estado de derecho y con la fortaleza de nuestras instituciones políticas y judiciales.

Como hecho negativo hemos denunciado la creciente judicialización de la política. La falta de soluciones políticas a un conflicto político no se puede sustituir sólo con el Código Penal. Hacemos un llamamiento a favor de consolidar la necesaria estabilidad institucional mediante el diálogo político."