A las puertas de la campaña electoral del 10-N, cuando el PSOE todavía no había dado el volantazo hacia el gobierno progresista y la alianza con ERC, el gobierno de Pedro Sánchez siguió la estela de Rajoy impugnando una iniciativa del Parlament a favor de la autodeterminación. A raíz de aquel recurso, el Tribunal Constitucional ha ordenado a la Fiscalía que determine si es necesario perseguir penalmente -por desobediencia- a Roger Torrent y el resto de miembros de la Mesa -Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado- que autorizaron la tramitación de aquella propuesta, una moción de la CUP.

A finales de enero, los magistrados del TC ya preguntaron a Fiscalía que estudiara si procedía denunciar a los miembros independentistas de la Mesa por desobediencia. Hoy, el pleno del Constitucional se ha reunido nuevamente y ha acordado por unanimidad reiterar la solicitud sobre si hay que emprender medidas penales contra Torrent y compañía. Entonces fue por una resolución conjunta de JxCat, ERC y la CUP. Ahora, por una de específica de los anticapitalistas. 

La resolución del TC decreta la anulación del punto que ya en su día generó conflicto y que expresa la voluntad del Parlament de ejercer de manera concreta el derecho de autodeterminación. Los jueces advierten que el presidente de la cámara volvió a "vulnerar la orden constitucional" cuando decidió admitir la moción de la CUP y rechazar posteriormente las peticiones de Cs y el PSC de reconsiderar su posición. Teniendo en cuenta que ya se habían tumbado iniciativas anteriores que iban en la misma línea, "su contenido contrario a la Constitución no era difícil de constatar", afirma el tribunal.

La actitud del Parlament, según el TC, revela la voluntad de la cámara de seguir "con el inconstitucional proceso secesionista de Catalunya".

La nueva invectiva judicial contra los representantes independentistas de la Mesa del Parlament ha llegado el mismo día que todos ellos han recibido la notificación por parte del propio TC en que les informa de que ya les denunció a Fiscalía hace dos semanas por otra resolución previa, la que presentaron conjuntamente JxCat, ERC y la CUP como respuesta a la sentencia contra los líderes independentistas. En aquel caso se afirmaba que los diputados reiteran y reiterarán tantas veces como sea necesario su apoyo al derecho a la autodeterminación. Asimismo, se insistía en la reprobación de la monarquía.

Cambio de criterio del PSOE

Hace sólo una semana, el Parlament de Catalunya aprobó la enésima resolución a favor del derecho a la autodeterminación de los catalanes. Concretamente se trataba de un texto de Junts per Catalunya, que incluía también la defensa de la figura de un mediador internacional para la mesa de diálogo entre gobiernos.

A diferencia de lo que había sido tradición hasta la investidura de Pedro Sánchez, en este caso el nuevo gobierno progresista PSOE-Podemos -que depende del apoyo de ERC para seguir adelante con la legislatura- no ha recurrido la iniciativa en el Tribunal Constitucional.