Los fiscales del Tribunal Supremo que acusaron en el juicio del 1-O han recorrido el auto del magistrado Pablo Llarena y han pedido que las órdenes de detención e ingreso en la prisión contra el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí incluyan el delito de desórdenes públicos agravados. Llarena actualizó la semana pasada el procesamiento de los tres políticos después de la desaparición de la sedición, y les atribuía los delitos de desobediencia y malversación. El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha explicado este miércoles en TV3 que la cúpula judicial no ha cambiado y que, simplemente, "se mueve en términos de escarmiento y de buscar cada vez un castigo más grave". "La cúpula judicial no respeta el estado de derecho, tira por el derecho," ha sentenciado en declaraciones a Els Matins.
Por este motivo, ha explicado que los condenados de Junts por el 1-O prefieren presentar los recursos que hagan falta para ir a buscar justicia en Europa. Una estrategia diferente a la de los condenados de ERC, que piden a la justicia española una revisión de las penas en aplicación de la reforma del Código Penal.
El dirigente independentista ha recordado que el juez Llarena ya ha sufrido "muchas desautorizaciones delante de Europa" y que ahora "no quiere volver a hacer el ridículo y por eso se agarra a la malversación haciendo de legislador respecto de la nueva reforma del Código Penal". Según Turull, Pablo Llarena está buscando un delito que "le vaya bien, y si este no funciona ya buscará otro". Jordi Turull también está acusado por malversación y ha asegurado que los jueces "harán todo lo que sea necesario para que no se les reste ni un solo día de prisión o inhabilitación". Precisamente sobre la inhabilitación, que en su caso se alarga hasta el mes de julio de 2030, el dirigente de Junts ha afirmado que a estas alturas no piensa en sí se querrá volver a presentar a unas elecciones: "Todavía queda muy lejos y nunca nos podremos fiar del Tribunal Supremo".
Cumbre hispanofrancesa
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidido que asistirá al acto de bienvenida de la cumbre hispanofrancesa de este jueves pero no participará de las reuniones entre Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. Así, Aragonès se limitará de momento a asistir al acto que dará el pistoletazo de salida de la cumbre y que estará marcado por la protesta organizada por las entidades independentistas contra la celebración de este acto en la capital catalana. Turull ha confiado en que la convocatoria sirva para reactivar lo que considera los grandes activos del independentismo: "la unidad y la mobilización".
El secretario general de Junts ha confirmado que asistirá a la manifestación, igual que lo ha hecho con todas las movilizaciones independentistas, y que lo hará confiando en que nos volvamos a gustar. Según Turull, "hace tiempo que no nos gustamos, que nos centremos en los reproches, y mañana es el día en que tenemos que volver a estar todos, como hicimos el 1 de octubre de 2017". Turull ha subrayado que este jueves sus energías no irán hacia los reproches "si no hacia la recuperación de la unidad, que sea un punto de inflexión hacia la independencia," ha pedido.
Alerta con los presupuestos
"No tendría que pasar de esta semana". Eso es lo que decía ERC este lunes para presionar al PSC para cerrar lo antes posible un acuerdo que permita aprobar los presupuestos de la Generalitat, si bien los republicanos no quieren poner "fechas límite". Su portavoz, Marta Vilalta, reiteró que "no hay escollos" que alejen el pacto, y acusó el PSC de hacer "chantaje" con la negociación: "No compartimos el 'todo o nada' o lo 'haces lo que yo te digo o lo echamos todo a perder'", dijo en referencia a los socialistas. Por su parte, Turull considera que ERC está muy concentrado en cerrar un acuerdo con los socialistas y que, en función de cuál sea, Junts lo tendrá que revisar. El dirigente de Junts ha asegurado que confía en el equipo negociador de Junts y que, por lo tanto, por ahora no tiene previsto verse con el presidente Aragonès. "Si partimos de unos números y ahora se cambian a causa de un acuerdo con el PSC, habrá un giro de 180 grados en nuestra estrategia de negociación", ha aseverado.