"No hay que hacer una guerra entre Junts per Catalunya y ERC. No es cuestión de que un partido vea las cosas de una manera y otro de otra". Así de directo ha sido Jordi Pina, el abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, después de visitarles en la prisión de Lledoners, donde han valorado el segundo grado que hoy han acordado las juntas de tratamiento.

"Como abogado de Turull, Rull y Sànchez, vemos las cosas de otra manera, nos reiteramos en el comunicado de ayer con el convencimiento de que el grado penitenciario que correspondería para todos los presos políticos tiene que ser la clasificación en tercer grado", ha insistido el abogado, que todavía ve una oportunidad, al menos de hacer presión. Pina considera que "el pronóstico es un tercer grado de manual. El pronóstico de reinserción personal y laboral es indiscutible" y espera que una vez revisada la propuesta de las juntas de tratamiento, el Departament de Justícia, en manos de ERC, acabe dictando un tercer grado que supondría un régimen abierto y que los presos y las presas políticos sólo fueran a la prisión a dormir.

Aunque Pina ha soltado un "no queremos presionar a nadie", ha remarcado la falta de unanimidad de las juntas de tratamiento: "La no unanimidad nos hace pensar que es un tema bastante discutible". Y el abogado ha expuesto sus argumentos que explican el porqué del tercer grado: "No han sido condenados por ningún delito violento, no hay responsabilidades civiles por sufragar y no hay posibilidad de reiteración delictiva". Pina ha recordado también las últimas líneas de la sentencia del Tribunal Supremo que pide la no aplicación del artículo 36.2 del Código Penal que impide que tengan beneficios de la condena. El abogado también ha pedido una reflexión ante los informes de Naciones Unidas y Amnistía Internacional. "Hay suficientes argumentos para creer que pueden tener la clasificación de tercer grado", ha concluido.

Jordi Pina ha cuestionado también la demora en la resolución: "Han tenido tiempo suficiente para poder hacer una evaluación que sea razonable". Y es que hace más de un año, algunos dos años, que están en prisión preventiva y eso agrava todavía más la situación. El abogado matiza que no se trata de que no cumplan la pena ni que tengan beneficios penitenciarios.

Delante de la puerta de Lledoners, Pina ha lazado un mensaje directamente para la consellera Ester Capella: "Esto es una propuesta de la junta de tratamiento y ahora, los próximos días, el Departament de Justícia se tiene que pronunciar y reiteramos la certeza de que tenemos argumentos para esperar y desear que el Departament de Justícia sabrá valorar en conciencia todas estas cosas y pueda hacer una clasificación en tercer grado. No nos toca nada más que esperar. Hemos estado este tiempo en silencio dejando trabajar a los profesionales. De la misma manera que hay gente que puede valorar el segundo grado, también podemos decir que no estamos de acuerdo".