No es de ahora que sabemos que los jueces hacen política y negra. Que nos damos cuenta de su agenda política, una política correctiva, ejemplarizante, que tiene fuerza de auto de fe inquisitorial, de misa de negro azabache, de espiritismo franquista, de ouija mistérica que, al pretender ser eterna, tiene todo el tiempo del mundo. Incluso, para discernir entre calces y calçotets, como recientemente hizo el juez Joaquín Aguirre, el del caso Volhov, un nombre telúrico que evoca a la gloriosa División Azul Mahón contra el bolchevismo. Los jueces españoles que mandan son lo más parecido al sacerdocio de la crueldad, porque tienen en sus manos la vida y la hacienda de los expresos políticos y la de los exiliados, de Valtónyc. Porque tienen unas manos temibles, que sacan de las puñetas trabajadas minuciosamente, de las túnicas murciélagas, de un color negro Escorial, de unas togas decoradas con pezoneras heráldicas sobre el pechamen de sumos sacerdotes de la religión española de España. Los jueces mejor adornados de todos llevan, además, colgada del cuello, la exhibición del mágico talismán falangista de la gran cruz meritísima de la Orden de San Raimundo de Peñafort, una condecoración toda ella enredada con las cuerdas del NO-DO, en memoria de su fundador, el caudillo invicto Francisco Franco Bahamonde que la instituyó por propia voluntad, fuente de Derecho, en 1944. La ley de la Memoria Histórica aquí no se aplica. Ni la de la Normalización Lingüística en los juzgados tampoco. La ley en el Estado español es elástica como la flexión de una catapulta que te bombardea.

Y es por eso, porque los jueces españoles tienen una agenda política propia, y muy clara, que no se acaba de entender demasiado lo que están haciendo hoy los políticos independentistas. Parecen pollos descabezados que corren en todas direcciones. Por un lado desautorizan a los jueces españoles, por ejemplo, por haber arruinado la vida adulta de los presos políticos y, por otro, se les considera unos árbitros válidos si existe la posibilidad, por remota que sea, que destruyan la carrera política de un rival. El mismo político de Esquerra Republicana, por decir algo, que desautoriza el calvario judicial de Oriol Junqueras, es el que encuentra legítimo que Laura Borràs sea inhabilitada por, supuestamente, haber fraccionado contratos contra lo establecido por la ley vigente. Y la misma mujer política de Junts per Catalunya que contribuyó a derrocar a Eduard Pujol con falsas acusaciones, ahora dice que es injusto que se hubiera destituido al presidente Torra por haber colgado una pancarta en defensa de los presos políticos. Las alianzas políticas antinaturales, de conveniencia, no gustan para nada a la opinión pública. Como no gustó la imagen de Pere Aragonès, como vicepresidente, en el Parlament de Catalunya, sentado, sin aplaudir ni apoyar al jefe del Gobierno catalán de entonces. La colaboración del independentismo político con el españolismo del PSOE es difícil de justificar. Pero la aceptación o no de las sentencias judiciales con fines políticos, según la conveniencia del momento, desprestigia muy mucho a la política oportunista de estos políticos independentistas.

A la gente de nuestro país se le invitó a llenar las calles y hoy todavía no ha terminado de regresar a casa, ni con la pandemia, ni con las excusas de mal pagador de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. La reciente explosión de fervor independentista durante la Patum de Berga de este año quizá sea un simple anécdota sin ninguna importancia. O tal vez sea algo más. Y la obligación de nuestros políticos separatistas es saberlo. Porque deben servir la voluntad popular y porque no son remunerados a fin de mes para contener y desmovilizar a la gente que vive hoy todavía más desvinculada emocionalmente del proyecto colonial del Estado español. Ahora que Junts per Catalunya dice, pomposamente, que realizará una auditoría para evaluar cuáles son los resultados objetivos del gobierno Aragonès, el actual, de coalición con Esquerra Republicana y que “la militancia de Junts decidirá” se está nuevamente, manipulando la voluntad popular y utilizando a la gente con un oportunismo feo y políticamente equivocado. Un oportunismo que enoja a los electores. Porque tanto Junts como Esquerra tienen encuestas y saben lo que piensa el personal. Y lo que piensa el personal es que el desprestigio del actual gobierno es sólo comparable a lo que suscitaba, en Catalunya, el gobierno de Mariano Rajoy. Y que no es necesario realizar ninguna auditoría grandilocuente para saber lo evidente. Que los votantes independentistas no votaron a este gobierno autonomista para hacer autonomismo. Y que tampoco destaca por gestionar brillantemente lo público.

Si Laura Borràs dejara de pensar en ella ⸺si esto fuera psicológicamente posible⸺, en los jueces vestidos de negro, y pensara un poquito, sólo un poquito, en la gente que la ha votado, en la gente que la ha llevado hasta en el púlpito mayor del Parlament, no promovería ninguna consulta a los militantes. Es un error. Lo que haría es una consulta abierta a todos los militantes y simpatizantes, como han hecho partidos tan poco antisistema como el PSC y la propia formación de Junts per Catalunya. ¿Y quiénes serían esos simpatizantes? Pues todos los independentistas que, por lo menos por un día, quisieran serlo. Todos los que quisieran decir, a través del voto libre y secreto, que este gobierno no les gusta y que es mejor dejarlo caer. Que lo que votamos es independencia y que no ganamos con el 52% para gestionar cómo lo haría el PSC de Salvador Illa, ese hermano gemelo de Pere Aragonès. Sería legítimo. Todos los independentistas de Junts, de Esquerra, de la CUP y de otras formaciones, llenando pacífica y civilizadamente, los puntos de votación para decir lo que realmente piensan. Sería la primera consulta popular, a través de un partido político meramente instrumental, que el pueblo de Catalunya podría expresar su opinión después del Primero de octubre de 2017. De forma no vinculante, pero significativa si mucha gente fuera a votar. Porque si mucha gente fuera a votar nadie se atrevería a hablar de ningún otro proyecto que no fuera la independencia de Catalunya.

Es sencillo de entender y aún más de hacer. ¿Lo hará Laura Borràs y su aliado Jordi Turull? Estoy convencido de que no. Nunca jamás. Y no lo harán porque el acuerdo de Junts con Esquerra es un acuerdo para gestionar una autonomía cada vez con menos poder. Y para desmovilizar, desanimar y disolver la mayoría social y electoral del independentismo catalán. Esquerra y Junts tienen pánico a la movilización popular, a la revuelta. Si éste es el auténtico programa de Junts y es el programa que comparte con Esquerra, creo que en las próximas elecciones el independentismo se quedará mayoritariamente en casa. Por lo menos la Generalitat estará gobernada por partidos españolistas y no notaremos demasiadas diferencias.