La coordinadora general de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, ha instado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a pedir la dimisión de la presidenta del Parlament, Laura Borràs. "Como máximo representante de nuestro país tendría que ser el primero interesado en mantener la dignidad y el prestigio de las instituciones" ha añadido en su discurso en el marco del Consejo Nacional del partido en Mollet del Vallès. También ha lamentado que la política catalana se podría ahorrar este "escándalo" ya que, según ha apuntado, "todo el mundo sabía que este escenario llegaría". Por otra parte, Albiach ha defendido que aumentar el gasto militar en el contexto actual es una "irresponsabilidad".
"El reglamento del Parlament claro está. Se la tiene que suspender. Borràs tiene que dejar su cargo. Lisa y llanamente", ha afirmado después de que la presidenta de la cámara catalana haya quedado a un paso de la apertura de juicio oral por uno presunto caso de fraccionamiento de contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Albiach ha recordado que ERC y la CUP le dieron sus votos para que Borràs fuera escogida presidenta del Parlament. Y ha añadido que de nada sirve ahora que digan que se tiene que cumplir el reglamento. "Todo el mundo sabía qué iba a pasar, que le abrirían juicio oral por presunto caso de corrupción. Nos podríamos haber ahorrado este escándalo y este desprestigio de las instituciones", ha afirmado. Y, en este contexto, la presidenta de los comuns ha añadido que las instituciones no son de Borràs sino de todos los catalanes y catalanas. Unas instituciones que, como ha apuntado, "costaron mucho de restablecer y mantener como para que ahora alguien piense que está por encima de todo y que puede hacer lo que le dé la gana".
La petición de Borràs
La defensa de la presidenta del Parlament ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que traspase al procedimiento de jurado popular la causa contra ella y tres hombres más por supuestos contratos irregulares. Los delitos de malversación de fondo público y fraude administrativo se juzgan con tribunal popular, y eso, según los abogados, tendría que acarrea el resto de delitos, prevaricación y falsedad documental. No obstante, la ley del tribunal del jurado excluye específicamente la prevaricación de los delitos que se juzgan por este procedimiento. La defensa de Borràs lo ha alegado en su recurso contra el auto que ponía fin a la instrucción del caso.
Por eso, los abogados piden al magistrado instructor que presente una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por si esta exclusión vulnera la carta magna. Los letrados Gonzalo Boye e Isabel Elbal consideran que la Constitución consagra la participación de la ciudadanía en la justicia y es contradictorio con el hecho de que justamente los ciudadanos no puedan juzgar un delito, el de prevaricación, que sólo pueden cometer trabajadores, representantes y cargos públicos. Si el magistrado no lo considera así, los letrados piden que se separe el delito de prevaricación del resto y se juzgue la prevaricación por el procedimiento ordinario, con tribunal profesional, y los otros se juzguen con tribunal popular.