La Junta Electoral Central (JEC) ha ido al grano, ha desestimado las alegaciones del Parlament de Catalunya y de Laura Borràs y ha retirado el escaño a la presidenta suspendida después de la condena del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por prevaricación y falsedad documental. Según ha adelantado el diario ABC y han confirmado fuentes del órgano a El Nacional, la JEC mañana comunicará la decisión a la líder de Junts y dará todos los detalles.

De esta manera, el órgano administrativo aplica el mismo criterio que utilizó para retirar la credencial al expresidente Quim Torra y al exdiputado Pau Juvillà, los dos condenados por desobediencia. Se interpreta que se tiene que arrebatar el escaño a Borràs en virtud del artículo 6.2 b) de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) por haber sido condenada en sentencia no firme por prevaricación, un delito contra la Administración Pública, a una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos.

En concreto el artículo reza que "son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la administración pública o contra las instituciones del estado, cuando la condena haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo o la inhabilitación absoluta o especial de suspensión para cargo público". Eso implica, a criterio de la JEC, que Borràs es causa d"inelegibilidad sobrevenida", por lo cual es incompatible la sentencia y el ejercicio como diputada.

Decisión tomada, pero no comunicada

La JEC ha filtrado la deliberación sobre Borràs aunque en la reunión de este miércoles los magistrados y catedráticos han decidido que redactarían y comunicarían los acuerdos este jueves. Los miembros de la JEC han empezado la reunión a las 4 y media de la tarde y la acumulación de expedientes consecuencia de las elecciones municipales y autonómicas hacía prever que la publicación de las resoluciones se alargaría más del habitual. Tres horas más tarde, el mismo órgano se ha levantado de la mesa y ha trasladado para este jueves la redacción. Hace una semana, la JEC empezó la reunión semanal a la 1 de la tarde y los ocho acuerdos a los cuales llegaron se publicaron pasadas las 8 de la noche.

Así y todo, el futuro de Borràs como diputada ya está escrito después de dejar en papel mojado las alegaciones tanto de la líder de Junts como del Parlament, que defendieron el escaño con argumentos análogos. La defensa de la presidenta suspendida sostuvo que la JEC era "manifiestamente incompetente" para decidir sobre su condición de diputada y que, sin sentencia firme sobre la mesa, no tenía nada que apelar en torno a la retirada de la credencial. En el escrito de alegaciones, los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal denunciaron que Borràs había sufrido "vulneración de derechos".

"La administración electoral es manifiestamente incompetente para el enjuiciamiento de las eventuales situaciones de irresponsabilidad de los diputados en el Parlamento de Catalunya o cualquier otra asamblea legislativa", afirmaba el escrito registrado. Además, cargaba contra Vox, Ciutadans y Vox por haber llevado la causa al órgano administrativo porque "carecen de la condición interesados por iniciar este procedimiento". Como recoge el reglamento del Parlament, el equipo de Borràs recordó que solo le podían arrebatar el acta de diputada a partir d"'una sentencia judicial firme". La resolución del TSJC está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Los argumentos del Parlamento fueron en la misma línea. La Mesa, con el voto contrario del PSC, alegó delante del órgano administrativo que, según el artículo 24 del reglamento de la Cámara, un diputado solo puede perder el escaño si hay una sentencia firme y que la de Borràs todavía no lo es. Ahora bien, el escrito de alegaciones defendió el escaño aduciendo que Borràs ya está suspendida de sus derechos y deberes después de la apertura del juicio oral y que, de esta manera, la retirada del acta era una medida "innecesaria" y "desproporcionada".

Por su parte, el presidente en el exilio i eurodiputado Carles Puigdemont ha criticado que "las filtraciones buscan efectos políticos" ante la decisión de la Junta Electoral Central (JEC). "Confirman la naturaleza política de la persecución a la presidenta Laura Borràs. No lo tenemos que normalizar; los que hoy se ríen por lo bajo, mañana serán víctimas", ha avisado en un tuit.