El rotativo irlandés Irish Times ha relatado el auge de la "furia nacionalista" a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de fijar un mínimo de 25% de los contenidos en las aulas en castellano. El artículo firmado por Guy Hedgecoe explica cómo la justicia española ha cargado contra el sistema de "inmersión total" vigente en Catalunya "desde hace cuatro décadas" a pesar de la "bajada" de la lengua en los últimos años. Por otro lado, Hedgecoe ha incidido en la voluntad del Govern de la Generalitat de "desobedecer" esta decisión y la petición de Pablo Casado de volver a imponer el 155 si finalmente no se aplica.

"Enfrentamiento"

El artículo del Irish Times describe la polémica por el catalán en las aulas como un "enfrentamiento entre el Govern catalán y la justicia" española que, a su vez, complica la mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez. Por una parte, tenemos los defensores de la "inmersión total", un sistema "basado en el modelo del Canadá francoparlante". En opinión de los nacionalistas catalanes, tal como el rotativo irlandés, esta política lingüística es una "manera efectiva de promover la lengua catalana y que anima la integración de los niños migrados de otras partes de España". Por el contrario, tenemos los activistas a favor que se impartan más horas en castellano, como la Asamblea de Escuelas Bilingües, que creen que la inmersión es "una estrategia propagandística brutal orquestada por los catalanes a favor de la independencia".

irish times captura artículo

Desobediencia

"Pero el Govern catalán parece determinado a desobedecer" la del Supremo "y ha ordenado las escuelas que no incrementen el uso de la lengua castellana", continúa Hedgecoe. El Govern "señala el hecho de que el modelo de inmersión está blindado a la ley de enseñanza" catalana. Eso es lo que ha despertado la "furia nacionalista" de personajes como Pablo Casado, que han pedido el retorno del artículo 155. Tal como explica el artículo, sin embargo, datos de la realidad lingüística en Catalunya justifican al modelo actual. Hedgecoe recuerda que si bien la mayoría de la población en Catalunya entiende y habla el catalán, únicamente un 32% la reconoce como lengua materna. También incide en el hecho de que el catalán es más prominente en las zonas más rurales, mientras que en Barcelona ciudad y el "cinturón industrial" que lo rodea, el castellano es más común.

Los datos demuestran como en los últimos quince años la lengua ha sufrido una "bajada" en el uso, sobre todo en las aulas, "así y todo", escribe Hedgecoe, existen "asociaciones que abogan para que haya más horas de castellano". "Desde 2005, 80 familias se han quejado de la política existente", recuerda el artículo. En este sentido, el periodista irlandés también hace eco de las declaraciones de Iolanda Segura, responsable del sindicato de profesores en Catalunya (USTEC), que ve "escandaloso y obsceno" que ochenta familias puedan hacer cambiar todo un sistema educativo.

El PSC y ERC

¿Pero cómo explican los irlandeses la reintroducción de este debate tras "cuatro décadas" de inmersión? Hedgecoe incide en el hecho de que hace unos años el sector catalanista del PSC defendía sin problemas la inmersión lingüística. Con el auge de "partidos unionistas" como Ciutadans y a raíz de la presidencia de Mariano Rajoy, sin embargo, este debate se ha vuelto a desenterrar. La lengua se ha convertido en otro "campo de batalla" en el conflicto político con el Estado. El gobierno de Pedro Sánchez, "que depende de ERC para la mayoría parlamentaria, parece tener pocas ganas de incidir en este debate", explica el artículo. Tras la sentencia del Supremo, Sánchez se ha limitado a recordar que "implementar la decisión es responsabilidad del mismo tribunal". Además, para la aprobación de los presupuestos generales del Estado de 2022, Sánchez ha prometido a los republicanos fijar una cuota del 6% para el doblaje de los contenidos en las plataformas audiovisuales en catalán, euskera y gallego; las "nacionalidades históricas" dentro del Estado español, tal como indica el Irish Times.

 

Foto principal: el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes / Efe