La de las comisiones en Madrid, protagonizada por el alcalde Almeida, su primo y el empresario Luis Medina, no es la única investigación que se está llevando a cabo por todo el Estado por posibles irregularidades en la compra de material sanitario durante la primera ola de la pandemia, en un contexto de estado de alarma, confinamiento total, saturación en los hospitales y miles de víctimas mortales al día. El diario El Confidencial informa también que el juzgado 26 de Madrid investiga el Gobierno por|para presuntas irregularidades cometidas durante los primeros meses después del estallido de la covid. Concretamente, la titular, Concepción Jerez García, tomó declaración ayer jueves a tres altos cargos de los ministerios de Sanidad y Hacienda por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, supuestamente cometidos en los procesos de adjudicación de los contratos de emergencia. Según el diario, las diligencias llevan un año abiertas.
Todo empieza con una querella presentada por Vox en mayo de 2020 y se centra en una cincuentena de licitaciones concedidas entre el 13 de marzo, día en que Pedro Sánchez anunció que al día siguiente declararía el estado de alarma, y el 30 de abril de 2020, cuándo el Ejecutivo ultimaba los últimos detalles del plan de desescalada de las restricciones. Estas licitaciones tenían un valor total de 310 millones de euros. La querella sostiene que el real decreto por el cual se adoptaron medidas urgentes para dar respuesta al impacto económico de la pandemia, también dio la cobertura necesaria a una serie de contratos que, según la opinión de los ultras, no se ajustaron a la legalidad. Concretamente, Vox dice que este tipo de contratos permitieron que no se justificaran las compras de material, que tuvieron un sobrecoste muy elevado, comparándolas con otras compras de los mismos días. Además, se adjudicaron a empresas sin experiencia técnica.
Normativa de estado de alarma
Por todo ello, los imputados son responsables de los organismos que can centralizar las compras del Gobierno: Sanidad y Hacienda. Entonces, el ministro de Sanidad era Salvador Illa y la dirigente de Hacienda es la misma que ahora, Maria Jesús Montero. Los imputados, sin embargo, son Alfonso María Jímenez, Paloma Rosado y Patricia Lacruz: director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación y la de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, respectivamente.
Durante su comparecencia, a la cual no habría asistido la Fiscalía, según El Confidencial, los tres manifestaron que cumplieron el protocolo que establecía la normativa aprobada durante el estado de alarma, poniendo de manifiesto las circunstancias especiales del momento, cuando se vieron obligados a recurrir a las compras fuera de España. Entonces, argumentaron, el único país con capacidad de vender era China. De los 56 contratos que investigan, al menos 12 habrían sido concedidos a empresas de existencia dudosa, en las que "no consta su identidad fiscal, ni si tienen establecimiento físico en España o fuera". Además, algunas no acreditaron su solvencia económica. Vox denuncia que las adjudicaciones hechas en aquel momento no se fiscalizaron. Por eso, dicen que el marco de urgencia no justifica que las licitaciones fueran arbitrarias sin ningún tipo de criterio de seguridad en la contratación.
Incumplimientos de contratos
En algunos casos se compraron mascarillas sin clasificación del nivel de protección o se hicieron licitaciones a empresas sin experiencia previa ni la infraestructura necesaria para poder prestar los servicios que concedieron. Además, también se incumplieron contratos, como en el caso de la compra de 144 respiradores en una empresa que dedicaba a fabricar elementos de yeso. En este caso, se abonaron 2,7 millones de euros por avanzado, pero cuando no pudieron suministrar el material, no devolvieron el dinero.