El investigador principal de la trama Gürtel, Manuel Morocho, ha asegurado ante la Audiencia Nacional que durante aquella investigación detectó “indicios” de que su despacho podría haber estado microfonado y que su vehículo había sido seguido. “Fui objeto de seguimientos y vigilancias. Se me ha investigado para ver si mi conducta era ética o no y, si hubieran encontrado algo, me habrían hecho un chantaje”, ha declarado Morocho en su segunda comparecencia como testigo en el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial destinada a espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y recuperar documentación incriminatoria en el marco de las investigaciones sobre la trama Gürtel y la caja B del partido.
Interrogado por la defensa de José Luis Olivera —quien fue su superior en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)—, Morocho ha mostrado en la sala un plástico con los indicios que le alertaron. “Encontramos en el despacho una bolsa con tornillos, un taladro y matrículas oficiales de la Policía”, ha explicado. Ante aquel hallazgo, el juez instructor Pablo Ruz le preguntó cómo interpretarlo, y Morocho fue taxativo: “Yo no lo sé, pero quien lo pudiera hacer es probablemente quien lo ha puesto”. El miedo a ser espiados llevó a Ruz a adoptar medidas de precaución, como trabajar con un portátil externo para evitar “fugas de información” y reservar las conversaciones más sensibles para espacios fuera del despacho. A pesar de todo, el inspector ha subrayado que su objetivo principal, así como el de los jueces, era que “la investigación avanzara”, aunque fuera “a trancas y barrancas”.
Una “estrategia buscada” para desmantelar la investigación
Por segundo día consecutivo, Morocho ha vuelto a poner el foco en las presiones que soportó durante la investigación de la trama Gürtel y los papeles de Bárcenas, unas presiones que arrancaron prácticamente desde el primer momento, en 2009, pero que dieron un “salto de calidad” cuando, según sus palabras, “el Partit Popular entra en el Gobierno y toma la batuta de la policía”. El inspector ha descrito una “estrategia buscada” para desmantelar su equipo: en 2013 perdió tres miembros, en 2014 se marchó un subinspector clave y en 2015 cinco investigadores más fueron atraídos hacia puestos con mejor remuneración. El resultado, ha lamentado, fue que quedaron informes sin elaborar “porque no había capacidad para investigar”.
Además, preguntado por el interés que suscitaba su persona, por el cargo que le ofreció Olivera en Lisboa, Morocho ha manifestado que un superior, Manuel Vázquez, llegó a decir que Mariano Rajoy conocía “su nombre”. La defensa de Olivera ha cuestionado a Morocho por haber hecho varios viajes internacionales para abordar los problemas de la piratería en alta mar, una función que según Morocho era un "trabajo adicional muy ocasional" que partió con un “regalo” de Olivera: ir a Kenia a un encuentro donde no querían ir sus superiores.
La defensa de Olivera ha intentado también explorar si Morocho actuaba movido por el resentimiento, preguntándole si estaba “descontento” por la falta de apoyo institucional ante las siete querellas que acumuló durante aquella etapa. El inspector, sin embargo, ha enmarcado aquellas querellas “en la dinámica que tenían los dirigentes del PP para atacar la investigación”. Además, Morocho ha vinculado a Olivera con Fernández Díaz, con quien su superior tenía una relación previa forjada cuando había ejercido de conductor del político del PP en Barcelona, y con el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también sentado en el banquillo de los acusados, de quien su jefe le dijo que era amigo suyo.