La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, se ha desvinculado este miércoles del gasto de unos 172.000 euros pagados por la Delegació de la Generalitat en Ginebra (Suiza) en el The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) por supuestamente pagar el viaje y la manutención de observadores internacionales durante el referéndum del 1-O.
Según ella, el pago, acordado el verano del 2017, lo habría tenido que revisar a posteriori, pero la aplicación del artículo 155 y la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno lo impidió. De hecho, ha dicho que ella nunca vio este expediente.
Vidal ha declarado en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sobre este gasto, que la magistrada investiga y por el cual ordenó a la Guardia Civil que fuera a la Conselleria de Exteriores hace unas semanas.
Por el mismo motivo ha citado a declarar como investigado el actual delegado de la Generalitat en Suiza, Manuel Manonelles, que en el 2017 era el representante del Gobierno ante las organizaciones internacionales con sede en Ginebra, París, Viena y Estrasburgo, y que se ha negado a responder ninguna pregunta. La jueza investiga Manonelles por unos posibles delitos de malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación, por el contrato, firmado el 31 de agosto del 2017.
Este miércoles también estaban citados el exsecretario de Exteriors Aleix Villatoro y la directora de Servicios de Exteriors Marta Garsaball, ya procesados y citados a declarar anteriormente, que se han negado a declarar.