El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, protegió, a finales de abril, una serie de documentos que quedaron amparados bajo el secreto de sumario bajo la consideración que su divulgación afectaría a la seguridad del Estado. Tal y como se informó en su momento, el juez dictó un auto por el que levantaba el secreto sobre la documentación incautada al comisario cuando fue detenido y de la que se excluía una carpeta con “supuestas funciones asignadas a José Manuel Villarejo en los años 2013 y 2014” con el argumento de que era información susceptible de “estar legalmente clasificada”. La información protegida entraba dentro del rango temporal en que tuvo lugar la llamada Operación Catalunya, destinada a crear pruebas incriminatorias contra el independentismo en tiempos en que el ministro del Interior era Jorge Fernández Díaz.

Ahora, según avanza eldiario.es, se han hallado pruebas a partir de cotejar referencias de documentos, de que esa documentación protegida corresponde a trabajos del exmiembro del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) José Manuel Villarejo sobre Artur Mas y "diversas personas", la "financiación" de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y el excónsul honorario de Letonia en Barcelona Xavier Vinyals.

Cabe recordar que en el periodo de las informaciones ahora bloqueadas por García-Castellón, 2013-2014, en pleno mandato de Artur Mas como president de la Generalitat, Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, la estructura que albergó la policía patriótica o brigada política, y fue condecorado por sus maniobras contra el proceso soberanista.

Siempre según el medio citado, los dossieres sobre Artur Mas y Unió fueron incautados en el registro de las oficinas del policía en la Torre Picasso de Madrid el 3 de noviembre de 2017 mientras que el informe sobre Vinyals apareció en su domicilio de Boadilla del Monte.

Propuesta del CNP 

El juez protege esa documentación bajo la argumentación que su contenido "pudiera afectar a la seguridad del Estado", a lo que hay que añadir que fue la Unidad de Asuntos Internos de la policía española quien, a petición del mismo juez, propuso qué documentos quedarían fuera del caso, y por ende, bajo secreto, por considerar su contenido sensible.

Llegados a este punto se suman dos posibles explicaciones de la actitud de García-Castellón, por un lado el acercamiento a la teoría defendida tanto por Villarejo como por el comisario Eugenio Pino, considerado el artífice de la Operación Catalunya, según la cual el espionaje a políticos independentistas entraría dentro de la legalidad.

Por otro lado, la documentación bloqueada podría confirmar judicialmente que el operativo antiindependentista incluyó órdenes irregulares o ilegales y que se produjo una utilización desviada de los fondos reservados, lo cual podría derivar en caso de prevaricación administrativa o de malversación de fondos públicos.

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