Los encargos que el Ministerio del Interior, bajo el mando de Jorge Fernández Díaz, encomendó supuestamente al comisario José Manuel Villarejo, entre los que se incluye la llamada Operación Catalunya, destinada a la fabricación de pruebas incriminatorias contra líderes independentistas, quedarán fuera del caso Villarejo una vez —según avanza eldiario.es— que el juez Manuel García-Castellón ha dictado un auto en el que levanta el secreto sobre la documentación incautada al comisario cuando fue detenido y de la que excluye una carpeta con “supuestas funciones asignadas a José Manuel Villarejo en los años 2013 y 2014” con el argumento de que es información susceptible de “estar legalmente clasificada”.
Esos encargos, que incluirían también seguimientos a partidos entonces en la oposición como Podemos, fueron ejecutados cuando Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, a las órdenes directas del comisario Eugenio Pino, considerado como el principal artífice de la brigada política o policía patriótica, que habría llevado a cabo dudosas actuaciones en contra del independentismo catalán. El medio citado recuerda, además, que Villarejo fue condecorado en marzo de 2014 con una medalla pensionada por su participación en la llamada Operación Catalunya.
Ahora, el auto de García-Castellón asegura que esas “funciones asignadas” seguirán bajo secreto porque se trataría de actuaciones “principalmente relacionadas con la captación de información de interés policial”. De hecho, García-Castellón se acerca así a la teoría defendida tanto por Villarejo como por Pino según la cual el espionaje a políticos independentistas entraría dentro de la legalidad.
Contenido de la carpeta
La carpeta que continuará bajo secreto incluye “gastos y recibos que documentan entregas de dinero a personas definidas como colaboradores” y otro que se llama “gastos reservados 6.5.2014, con imágenes de varios billetes de 500 euros”, según describe el auto del magistrado citado por eldiario.es. Todo ello forma parte del llamado archivo Taja, una carpeta excluida de la investigación porque incluye información que podría afectar a la “defensa y seguridad del Estado”.