En la respuesta del Estado español contra el referéndum, se han vulnerado derechos civiles y políticos fundamentales, amparados por los tratados internacionales suscritos. Se vive un estado de emergencia. Así lo han denunciado varias entidades defensoras de derechos humanos y abogados, bajo la campaña #SomDefensores, en un informe presentado este viernes en el Col·legi de Periodistes de Catalunya. "No es contra nadie, pero se dirige a organismos internacionales", ha asegurado Jordi Palou-Loverdos, abogado acreditado por la Corte Penal Internacional.

Entre los derechos vulnerados constan ataques a las libertades de pensamiento, expresión, reunión, prensa, información y comunicación de difusión de ideas. El documento también denuncia ataques a la tutela judicial efectiva, al derecho a la defensa y a la no indefensión, al derecho a un juicio justo, y a la privacidad, después de registros en domicilios "sin las debidas garantías legales" o la intervención y apertura de comunicaciones postales y electrónicas.

Entre las "vulneraciones" concretas documentadas, está la "humillación" de altos cargos de la Generalitat esposados sin necesidad, la incautación de material privado (incluso ordenadores de familia e hijos) o la no información de delitos a los detenidos. También constan las citaciones a los alcaldes "cuando no se ha producido ninguno delito" o la "extralimitación" de la Fiscalía, que tendría que haber cesado sus órdenes con la apertura del procedimiento judicial. A nivel ciudadano, han denunciado, entre otros, la detención y retención de personas -entre ellos menores de edad- por colgar material propagandístico en la vía pública. Finalmente se han documentado "más de 60 ataques" a medios de comunicación.

Hay 220 entidades adheridas a la campaña #SomDefensores, entre ellas 36 internacionales. Los autores del informe lo han puesto en conocimiento de instancias españolas y catalanas, como el Defensor del Pueblo o el Síndic de Greuges, pero también de instancias internacionales de las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Consejo de Europa. Se dirigen a nueve relatores de la ONU, entre ellos los dos que realizaron el comunicado este jueves, con quienes han estado en contacto. A todos ellos les piden formalmente que, de oficio, realicen una visita al Estado español para "comprobar y acreditar lo que corresponda".

Jordi Palou-Loverdos ha querido aclarar que el informe presentado, que todavía no está cerrado, no se centra en el derecho a la autodeterminación, ni hace referencia a posibles violaciones de los derechos de los diputados y senadores, sino que se centra en los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. "No habiendo comunicado a los otros estados la suspensión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su vigencia es absolutamente plena", ha sostenido el abogado.

Red de observadores

Después de constatar el "momento de emergencia absoluta", nació la campaña #SomDefensores, que agrupó entidades como Lafede.cat, Iridia, Novact o el Grup de Periodistes Ramon Barnils. Las medidas que tomaron son cuatro. Por una parte, la redacción de un manifiesto y del informe presentado hoy, que se irá ampliando hasta el día 7 de octubre. Por otra parte, la creación de una red de observadores y de un dispositivo legal.

"El momento que hemos implementado una red de observadores es sintomático del momento de emergencia que estamos viviendo", ha constatado Anaïs Franquesa, abogada del Centre Irídia y coordinadora de la Red de Observadoras. Ha comparado la situación con la de regímenes de excepción como los que se ha producido en América Latina. En este sentido, han formado a toda una serie de observadores, debidamente acreditados, que monitorizarán posibles incidentes a partir del 1-O (o antes si hace falta). Sólo en la ciudad de Barcelona habrá 70.

Por otra parte, han creado un dispositivo legal, que irá recogiendo los casos de "violencia institucional", para poder actuar. De hecho, ya ha presentado una primera denuncia, por un chico que recibió un golpe en la cabeza durante la carga policial del 20 de septiembre. Este dispositivo también dará asistencia legal a quien lo necesite

Ataques a la prensa

El Grup de Periodistes Ramon Barnils, que elabora el Mapa de la Censura en los Països Catalans, ha recogido al menos 64 casos de ataques a medios de comunicación desde el 9 de septiembre, día en que la Guardia Civil entró en la redacción del semanario El Vallenc. Por comparación, en todo el año 2016 recibieron 122. Entre estos casos destacan los registros en imprentas, las notificaciones a medios de comunicación, las identificaciones a periodistas o casos como el de Sitges, donde se obligó a un periodista a borrar imágenes. También la desprotección de los periodistas frente a la extrema derecha en la asamblea de Zaragoza el pasado sábado.

"Hacemos un llamamiento a que todo el mundo que vea o tenga constancia de una vulneración de estos derechos nos lo haga llegar", ha dicho Eli Borreda, periodista del Grup Barnils. Esta entidad también ha elaborado una guía para los periodistas para informarles de sus derechos más básicos.