El Parlament da por cerrado el capítulo de la situación de las residencias durante la pandemia. Pero lo ha hecho con un duro regusto amargo. El grupo de trabajo encargado de investigar los motivos de la elevada cifra de residentes muertos durante el crítico episodio sanitario de 2020 ha presentado este miércoles sus conclusiones. Un texto que se ha redactado después de unas ochenta comparecencias (40 presenciales y 48 por escrito), 10 sesiones de trabajo y 23 peticiones de documentación, y que ha situado la cámara catalana a la vanguardia de la búsqueda de explicaciones, ya que ninguna otra sede parlamentaria en el Estado ha elevado el esclarecimiento de los hechos a este nivel. El documento se ha aprobado con los votos favorables de ERC, Junts y el PSC, pero en cambio ha recibido la oposición de la CUP y los comunes. Fuera de la cámara, familiares también han evidenciado su rechazo.

El motivo es sencillo: consideran que el informe no es lo suficiente extenso ni esclarecedor. El documento asume que hubo errores en la gestión de la covid en las residencias de personas mayores. De hecho, el Departamento de Salud cifró en 4.566 a los residentes que murieron a causa de la pandemia en las residencias hasta junio de 2022, una cifra que supera los 8.000 si se tienen en cuenta aquellas que murieron en hospitales. Según el documento, la alta incidencia mortal en estos espacios se debe a la falta de medios y personal, al desconocimiento sanitario y la descoordinación, y a la deficiencia de las inspecciones. "Muchos de los errores cometidos fueron consecuencia de la falta de información científica y del hecho de no disponer de estructuras preparadas y protocolos claros para actuar en una situación de pandemia", revela el texto.

Una de las cuestiones centrales del informe hace referencia a la derivación de residentes en hospitales, un movimiento que en muchas ocasiones no se hizo y provocó el colapso de las residencias con decenas de muertes. El texto revela que las derivaciones hospitalarias fueron "desiguales" entre enfermos, pero se escuda argumentando motivos sanitarios. "Las decisiones se tomaron siguiendo criterios médicos", remarca. "Ahora bien, la tensión del sistema sanitario y la falta de coordinación con el residencial provocaron un acceso desigual a los centros hospitalarios", acaba reconociendo. Los residentes que no fueron derivados acabaron confinados en sus habitaciones, donde murieron. Eso provocó "consecuencias físicas y psicológicas" para las mismas víctimas y también los familiares, que en algunas ocasiones vieron "vulnerado" su derecho a la información sobre el estado de salud de las personas enfermas.

Críticas por esconder a los culpables

Uno de los motivos que ha generado más críticas entre algunos partidos y familiares y profesionales es el hecho de que las conclusiones de la investigación no responsabilizan a nadie de la crítica situación vivida en las residencias en el momento más álgido de la pandemia. A pesar de reconocer los errores, evita señalar a culpables concretos. En este punto se han pronunciado la CUP y los comuns, que denuncian que las autoridades sanitarias vulneraron el derecho a la salud de los residentes evitando su derivación en los hospitales. Similarmente, los familiares (organizados bajo la plataforma Coordinadora Residencias 5+1 y que se ha manifestado en las puertas del Parlament este miércoles) también han lamentado con contundencia que las personas enfermas no tuvieron acceso al sistema sanitario de salud, por lo que "se les dejó morir en condiciones absolutamente indignas". Concretamente, el 71,8% de los residentes murieron a causa de la covid en lo mismo geriátrico, sin ser llevados a un hospital.

El informe ha generado recelos porque, a pesar de las aportaciones de decenas de expertos y afectados, hay la sensación de que las conclusiones no se han adaptado a estas informaciones, sino que han querido ser genéricas sin llegar a dirimir responsables. Además, el documento se ha hecho rogar: durante la legislatura de Quim Torra se mandó una comisión de investigación al Parlament, pero el adelanto electoral detuvo su actividad. Después de las elecciones de 2021, se intentó recuperar la comisión, pero ERC, Junts y el PSC la rechazaron, optando esta vez por un grupo de trabajo a puerta cerrada. Incluso Amnistía Internacional se pronunció para exigir acelerar el trabajo de los grupos parlamentarios.