El sábado pasado hubo una primera fotografía, después del pleno fallido de investidura de Jordi Turull: el presidente del Parlament Roger Torrent, acompañado por JxCat, ERC, Catalunya en Comú Podem y la CUP, emplazaba a crear un frente unitario contra la represión. Esta misma imagen se ha trasladado este miércoles al hemiciclo. Después de los cinco nuevos encarcelamientos, y de la detención de Carles Puigdemont en Alemania, aquellos cuatro grupos han cerrado filas para defender los derechos políticos de todos y cada uno de los diputados.
Los cuatro grupos, que suman 78 de los 135 diputados de la cámara, no sólo han exigido conjuntamente la liberación de los presos políticos. Los comunes también ha apoyado aquel punto que exige a los poderes e instituciones del Estado español el "cumplimiento efectivo de las medidas cautelares adoptadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, relativas a la garantía del derecho político de Jordi Sànchez". CatECP ha respaldado otro punto, que dice que los mismos criterios de las medidas cautelares "es aplicable a todos los diputados y diputadas que se encuentran en la misma situación de privación de libertad".
El pleno también ha servido para recuperar el debate sobre una investidura de Puigdemont. Más allá del simbolismo de volver a reconocer sus derechos políticos en sede parlamentaria —como ya pasó el pasado 1 de marzo con el presidente—, la mayoría independentista explora ahora este escenario, a pesar de los riesgos, las dificultades y los tempos. El Comité de Derechos Humanos, admitiendo las demandas de Puigdemont y Sànchez, ha abierto un "hilo a estirar".
Durante la sesión de este miércoles, JxCat ha hablado de ello y la CUP ha instado a hacerlo. Mestrentant, ERC ha esquivado este punto a toda costa. La petición de delegación de voto de Puigdemont, que se ha hecho este miércoles por la mañana a pocos minutos de la reunión de la Mesa, no ha acabado de gustar al presidente Roger Torrent. Finalmente se ha aplazado la decisión a la semana próxima.
También llegan voces en este sentido desde la sociedad civil. La nueva presidente de la ANC, Elisenda Paluzie, ha estadp este miércoles en el palco del Parlamento. Ha valorado positivamente las resoluciones aprobadas, pero ha advertido que "si eso se queda en palabras estaremos muy decepcionados". También más de un centenar de intelectuales catalanes, como Josep Lluís Carod Rovira, Ramon Cotarelo, Liz Castro o Hèctor López Bofill, han firmado un manifiesto en este sentido.
El Govern alternativo de los comunes
A pesar de la piña que han hecho con el independentismo, los comunes han querido hacer una advertencia: mientras no haya Govern, seguirá vigente la aplicación del artículo 155. Es por eso que han propuesto una alternativa si los partidos republicanos no consiguen ponerse de acuerdo: un Govern amplio y transversal, con personalidades independientes y un mandato limitado, que permita "dar un paso adelante como país", en palabras de Xavier Domènech.
En este sentido, Domènech ha defendido que este Govern alternativo reúna diferentes "sensibilidades democráticas" del catalanismo y el progresismo y que cuente con la presencia de personas independientes. Según ha dicho, sus objetivos serían poner fin al 155 y a la judicialización y exigir la liberación de los presos políticos, además de impulsar un plan de choque contra la desigualdad.
Torrent, revalidado con más votos
La ofensiva de Ciudadanos contra el presidente del Parlament ha conseguido el efecto contrario al buscado por la formación de Inés Arrimadas. En su propuesta de resolución, exigían su dimisión por ejercer "sistemáticamente" sus funciones "de forma arbitraria y tendenciosa a favor de los partidos independentistas". Este punto ha sido tumbado con 92 votos en contra (JxCat, ERC, PSC, CatECP y CUP) y 39 a favor (Cs y PP), más de dos tercios de la cámara. Cuando fue escogido presidente, el pasado 17 de enero, fue con 65 votos a favor.