El juez del caso Villarejo ha imputado al exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín en una pieza hasta ahora secreta, la número 25, en la que se investiga el encargo que supuestamente hizo la empresa de detergentes Persán al excomisario Villarejo para espiar al exdueño de la constructora Martín-Fadesa.

Según ha adelantado El Mundo y han confirmado a Efe fuentes jurídicas, el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó imputar al senador en esta pieza que abrió el pasado 10 de enero por delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos en relación al denominado "Proyecto Saving". Hace dos semanas, el juez acordó en un auto, al que ha tenido acceso Efe, levantar el secreto de esta investigación "una vez que la mercantil Persán SA ha contestado al requerimiento judicial de información".

También, "una vez que han sido plenamente identificadas las personas que tomaron parte en la contratación, la totalidad de los pagos efectivamente realizados, así como las personas que participaron en la ejecución de los servicios por cuenta de Cenyt", la empresa a través de la que Villarejo canalizaba los proyectos de espionaje.

Según relata El Mundo, que ha tenido acceso al sumario, el objetivo del encargo de Persán era el de mejorar la posición jurídica y negociadora del grupo empresarial presidido por José Moya Sanabria en relación a un reconocimiento de deuda relacionado con Fernando Martín, ex dueño de Martinsa-Fadesa.

En la pieza figuran como imputados, Villarejo, su socio en Cenyt Rafael Redondo, el representante de Persán José Moya (como cliente contratante) y el ex senador socialista, al que llamaban "Curro" y al que se considera el intermediario entre el excomisario y Persán. Se calcula que el precio del encargo pudo oscilar entre 375.000 euros y 1.200.000 euros. Para las labores de espionaje, según el sumario, se analizó de forma ilegal el tráfico de llamadas de una decena de personas y se obtuvieron datos censales y personales de terceros de forma subrepticia.

El proyecto Saving

El proyecto Saving tiene su origen en la llamada operación Fadesa, "formalizada mediante contrato en diciembre de 2007 que concedía a José Moya Sanabria derecho de opción de venta frente a Fernando Martín sobre un paquete de acciones de Martinsa".

La opción de venta se ejercitó por José Moya el 14 de mayo de 2010 pero en julio de 2008 Martinsa-Fadesa decretó suspensión de pagos y declaración voluntaria de concurso de acreedores. Moya ejercitó entonces diversas acciones para reclamar el crédito sin éxito, y sospechó que podía deberse a "algún tipo de influencia por parte de Fernando Martín y su círculo sobre el juez, los administradores concursales e incluso los interventores", por lo que en 2011 decidió recurrir a los servicios del excomisario.

Un archivo de audio intervenido a Villarejo, denominado Saving-11.8.4, refleja el papel que desarrolló el exsenador del PSOE, persona de la entera confianza de José Moya, "no solamente como intermediario inicial" entre Persán y  Villarejo, sino como asesor del encargo presuntamente ilegal.

El sumario también revela que fue el comisario Enrique García Castaño, "El Gordo", quien recomendó al exsenador los servicios de José Manuel Villarejo. "El Gordo me dijo que con Curro a muerte", comentó el excomisario en uno de sus audios.