Uno de los altos funcionarios imputados en el caso Montoro sigue ocupando el mismo cargo en el Ministerio de Hacienda desde el cual habría colaborado presuntamente en la modificación de leyes para favorecer empresas que después remuneraban el despacho de asesoría económica fundado por Cristóbal Montoro. Se trata de Óscar del Amo Galán, que todavía ejerce como subdirector general de Tributos Locales, aunque el acto judicial lo señala como una de las personas que incluyeron, a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, las modificaciones reclamadas por las empresas gasísticas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha lamentado este viernes la "hipocresía" del PP con la investigación al exministro Montoro y ha avisado de que al partido de Alberto Núñez Feijóo lo acompaña siempre una "corrupción sistémica". Además, ha añadido que todavía no se ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro de Óscar del Amo Galán: "Estamos analizando detalladamente los motivos de su imputación y manteniendo contacto con él para adoptar las medidas adecuadas".
Del Amo, una persona clave
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, levantó el miércoles pasado el secreto de sumario de una investigación iniciada hace siete años y centrada en el despacho de abogados que Montoro creó y que habría resultado favorecido de manera ilegal durante su mandato como ministro. Sobre Óscar Del Amo, el acto judicial subraya que ocupaba "uno de los puestos clave para incorporar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento las peticiones pactadas con las gasísticas", tal como demuestran los correos electrónicos intervenidos.
Estos correos evidencian que Del Amo mantuvo reuniones y comunicación con las empresas gasísticas, a las cuales en un primer momento informó de que no se podían atender sus demandas con respecto a la modificación de los epígrafes del IAE. No obstante, después de la mediación del despacho Equipo Económico, se reanudaron los contactos y finalmente se aprobó la reforma deseada por las empresas.
Además, según el juez, en otros correos queda constancia que Del Amo recibió las propuestas de cambio legal directamente de las gasísticas y que incluso las llamó para resolver dudas sobre los textos. El magistrado concluye que estas modificaciones "fueron impuestas por los pagadores del despacho" fundado por Montoro.
De momento, la ministra Montero puntualiza que Del Amo "no es un alto cargo ni ha sido nombrado por el Consejo de Ministros", sino que accedió al puestos como funcionario y ha mantenido el cargo con varios gobiernos. También ha querido subrayar que este caso "pone de manifiesto hasta qué punto la corrupción sistémica está profundamente arraigada en el PP" y que se ejerció "en beneficio de unas pocas empresas y de grandes fortunas". Desde el PP, el propio Feijóo ha afirmado este viernes que su criterio sobre la corrupción "es muy claro" y no cambia "independientemente de quién resulte afectado". "No hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios. Lo que se tenga que investigar, que se investigue," ha afirmado sin referirse directamente a Montoro pero en una semana marcada por la investigación contra el exministro popular.