La directora general de Salud Pública del Govern balear, Maria Antònia Font, ha sido citada por el juzgado de instrucción 12 de Palma, en calidad de investigada, por el confinamiento obligatorio que las Illes impusieron en jóvenes que habían viajado a Mallorca por el final de curso y que habían estado en contacto con infectados de covid-19 por los brotes masivos entre estudiantes a finales de junio.
Según ha confirmado el Gobierno, Font ha sido citada por el juzgado para que preste declaración a raíz de una querella impuesta por la familia de uno de los jóvenes confinados. En esta se le atribuye el delito de detención ilegal. Y es que fue ella la encargada de firmar la instrucción de la Conselleria de Salut para que se confinara a todos los estudiantes que habían sido contactos estrechos, a pesar de haber dado negativo a las pruebas para detectar la covid.
Salut, después de conocer la imputación de su directora general, ha manifestado su "respeto por todas las actuaciones del poder judicial" y se ha puesto "a disposición" de la jueza instructora. Así lo ha indicado en un comunicado en qué sigue defendiendo su manera de abordar el macrobrote, considerado que la actuación fue "proporcionada".
Apoyo psicológico a los estudiantes
En total, desde el 25 de junio, Baleares confinó unos 200 jóvenes en estas circunstancias en el hotel Bellver de paseo marítimo de Palma, entre fuertes quejas de los estudiantes que denunciaban que el Gobierno les había secuestrado. Por eso, difundieron vídeos criticando su situación y se manifestaban desde los balcones del hotel. Incluso recibieron el apoyo de algunas personas que encontraban injusto su confinamiento, la mayoría de las cuales eran negacionistas de la pandemia.
Los estudiantes abandonaron Mallorca en barco / Efe
Francina Armengol, presidenta de las Illes, defendió su gestión en las redes, asegurando que se había tomado por una cuestión de salud pública, ya que la positividad de sus tests llegó al 26%. Es decir, uno de cada cuatro daba positivo a las pruebas y por eso consideraba más prudente que se mantuvieran aislados. Además, durante su estancia, los estudiantes recibieron apoyo psicológico por parte de un equipo de profesionales de la Cruz Roja.
Actuación desproporcionada
Después de que las familias denunciaran que se sentían desamparados por la desinformación sobre el estado de sus hijos y sobre cuando se podría producir finalmente su vuelta en casa, un juzgado contencioso anuló el orden. La sala consideró que la medida que restringía su libertad de movimiento no estaba suficientemente justificada. La Fiscalía, también había pedido acabar con el confinamiento, ya que lo consideraba desproporcionado y fuera "de la legislación vigente".
Después de conocer que la medida había sido anulada, la mayoría de estudiantes salieron del hotel y se desplazaron en barco hasta Valencia, desde allí se dirigirían hasta su lugar de procedencia. El desplazamiento entre el hotel y el barco se hizo en grupos burbuja, ya que compartieron el trayecto con otros viajeros. Con todo, sin embargo, solo 30 de los estudiantes accedieron a hacerse un test de antígenos voluntario antes de irse, y al llegar al puerto de Valencia 14 dieron positivo.
En la imagen principal, estudiantes se manifiestan en los balcones del hotel Bellver / Efe