Siempre se ha dicho que el Senado es inútil. Que la cámara española importante es el Congreso de los Diputados y que no tiene ningún sentido mantener en pie una institución que, a grandes rasgos, se dedica a pincelar leyes que salen de la cámara baja. Pero que la cámara alta, al fin y al cabo, ni siquiera tiene derecho de veto, porque el Congreso siempre tiene la última palabra. El debate es interesante, y quien pide suprimir esta institución de representación territorial tiene argumentos para defenderlo. Pero la pasada legislatura ha demostrado que controlarla también tiene su gracia; y que todavía podría tener más en este próximo mandato, cuando hay que renovar cuatro miembros del Tribunal Constitucional. El PSOE ha tomado nota del uso que ha hecho el PP de su mayoría absoluta en esta cámara los últimos tres años. Y por eso ha pactado candidaturas unitarias con el Frente Amplio para intentar recuperar el control del hemiciclo. Ahora, PP y Vox negocian para intentar contraatacar este movimiento de las izquierdas.
El PSOE y algunas formaciones integradas en el Frente Amplio —Izquierda Unida, Sumar, Compromís, Más Madrid, Chunta Aragonesista y Batzarre— anunciaron el viernes de la semana pasada que irán juntos al Senado bajo la marca Senado de Progreso. Los socialistas encabezarán todas las listas conjuntas, y el Frente Amplio ocupará el segundo o el tercer lugar en función de los resultados que el PSOE obtuvo en 2023 en cada circunscripción. Ahora bien, la coalición se presentará en todas las autonomías excepto en Catalunya, las Baleares y las Islas Canarias. El PSC concurrirá en solitario. Los Comuns se presentarán con el nombre de su propia marca y del Frente Amplio. Por su parte, ERC y EH Bildu reeditarán la coalición que ya formaron en 2023 para la cámara alta, que se presentará en Catalunya, el País Vasco y Navarra.
PP y Vox, empujados a mover ficha
El plazo para presentar coaliciones ya ha terminado. El PSOE lo tuvo bien callado porque temía que PP y Vox hicieran lo mismo. Ahora bien, la derecha y extrema derecha española tienen margen de tiempo para ser creativos. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, confirmó el martes que los dos partidos negocian y buscan una fórmula para "no entregar el Senado al sanchismo". Y el viernes, el jefe de la oposición instaba a Vox a no presentarse en aquellas circunscripciones en las que no obtuvo senador, para no tirar votos de derechas a la basura y fortalecer así la candidatura del PP.
También esta semana, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha expresado su disposición a alcanzar "algún acuerdo que proteja el Senado de los pactos que Sánchez ha alcanzado con la extrema izquierda". "Esta alianza exige sacrificios a los partidos de la oposición", afirmó. También ha dejado claro que ahora mismo el único objetivo de un acuerdo con el PP es conseguir una supermayoría que, entre otras cosas, permitiría que el Tribunal Constitucional dejara de estar "secuestrado".
Tribunal Constitucional
El Senado que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre tendrá en sus manos la renovación de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional. La Constitución establece que la cámara alta propone cuatro miembros del tribunal por mayoría de tres quintos. Con la incorporación del nuevo senador por Formentera, este umbral se sitúa en 161 de los 267 senadores, mientras que la mayoría absoluta de la cámara queda fijada en 134. El mandato de los cuatro magistrados que corresponden al Senado, el del presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y los de María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías, venció en diciembre de 2025.
Los magistrados que propone el Senado, sin embargo, no se eligen libremente. Desde la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional de 2007, la cámara los debe elegir entre los candidatos que presentan los parlamentos autonómicos, que pueden proponer hasta dos cada uno. Aquí cabe recordar que el PP —de la mano de Vox— tiene el control de la mayoría de las autonomías españolas. No será hasta el mes de mayo que volverán a celebrarse nuevas elecciones autonómicas y municipales. Por otro lado, la mayoría de tres quintos también permite al Senado elegir a diez de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, el órgano que a su vez propone dos magistrados del Constitucional.
El control de la cámara alta implica controlar parte del calendario legislativo
La mayoría en el Senado no permite tumbar una ley que el Congreso quiera aprobar, porque cuando una norma es rechazada o modificada por la cámara alta, esta vuelve a la otra institución para una segunda y definitiva vuelta. Ahora bien, sí que condiciona los plazos. Cuando el Congreso aprueba una ley, el Senado dispone de dos meses para aprobar su veto, que requiere mayoría absoluta, o para introducir enmiendas. El plazo de dos meses se reduce a veinte días naturales cuando el Gobierno o el Congreso declaran urgente el proyecto.
La ley de amnistía, un ejemplo de dilatación de los plazos
En noviembre de 2023, al día siguiente de que el PSOE registrara la proposición de la ley de amnistía en el Congreso, la mayoría absoluta del PP en el Senado aprobó una reforma del reglamento de la cámara que dejaba en manos de la Mesa del Senado la decisión de tramitar por urgencia las proposiciones de ley. La Mesa rechazó la urgencia para la amnistía y el plazo pasó de veinte días a dos meses, el máximo que permite la Constitución. En marzo de 2025, el Tribunal Constitucional anuló esta reforma al estimar un recurso del PSOE, y estableció que el plazo de veinte días se aplica tanto a los proyectos del Gobierno como a las proposiciones de ley.
Durante aquellos dos meses, el PP pidió informes al CGPJ, al Consejo Fiscal y a la Comisión de Venecia, convocó a los presidentes autonómicos y citó a una quincena de juristas en seis sesiones de comparecencias. En marzo de 2024 planteó un conflicto entre órganos constitucionales para instar al Congreso a retirar la ley. Todo ello, para dilatar los plazos y conseguir que la norma tardara el máximo tiempo posible en aplicarse.
Otras competencias del Senado que requieren una amplia mayoría
Más allá de la tramitación de las leyes, la Constitución atribuye al Senado otras competencias que dependen de mayorías concretas. El artículo 155 exige la aprobación del Senado por mayoría absoluta para que el Gobierno pueda adoptar las medidas necesarias para obligar a una autonomía a cumplir las obligaciones que le imponen la Constitución o las leyes. Nadie necesita que le refresquen la memoria sobre este artículo.
La cámara alta también es decisiva en la reforma de la Constitución. El artículo 167 requiere una mayoría de tres quintos en cada una de las cámaras. Si no se llega a esta mayoría en el Senado, el Congreso puede aprobar la reforma por dos tercios siempre que el texto haya obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado.
La posibilidad de una reforma constitucional también ha aparecido en la precampaña. El líder de Vox, Santiago Abascal, abrió la puerta el miércoles, en un acto en la plaza de María Pita de A Coruña, a cambiar la Constitución si su partido y el PP suman una mayoría suficiente en el Senado. El líder de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, poco antes de que Sánchez convocara las elecciones del 29N, ya señalaba que si su partido y el PP sumaban en el Congreso 210 escaños o más habría que poner sobre la mesa el debate de una reforma de la Constitución. Ya advertía semanas antes sobre esta cuestión Gabriel Rufián. En una sesión de control al Gobierno, el portavoz de Esquerra Republicana recordaba a Pedro Sánchez que había encuestas que otorgan más de 200 escaños a PP y Vox y que esto podría comportar un peligro enorme.