En medio de la "refundación" de la DGAIA, que pasa por un cambio de nombre (a partir de la semana próxima será la DGPPIA) este miércoles han comparecido en el Parlament hasta cinco ex altos cargos de lo que ahora es el Departament de Drets Socials para dar explicaciones sobre el polémico informe de la sindicatura de cuentas del año 2024 en el cual se recogían irregularidades entre el año 2016 y el 2020. Concretamente, el motivo por el cual estaban convocados (las comparecencias estaban pendientes desde febrero) era "informar sobre la contratación pública y adjudicación del servicio de acogimiento de la infancia y la adolescencia entre el 2016 y el 2020", los años analizados por la sindicatura de cuentas en su duro informe. Los comparecientes han sido el exconseller durante el Govern de Quim Torra, Chakir el Homrani; los exsecretarios generales de Trabajo, Asuntos sociales y Familias, Josep Ginesta y Oriol Amorós, y los exdirectores generales de la DGAIA, Ricard Calvo (ahora al frente de Plataforma Educativa) y Ester Cabanes, que estuvo al frente de la institución hasta agosto, cuando entró el nuevo Govern del PSC. Uno de los objetivos, tal como ha dicho el mismo Ginesta, ha sido convencer a los grupos que no eran ERC ni el PSC de que "incidencias e irregularidades no son sinónimos", en palabras de Ginesta.

Procedimiento de emergencia

Los cinco han defendido en capa y espada el trabajo que hicieron desde el Departament, poniendo el foco en la situación de excepcionalidad que se vivió en los años analizados: primero con la aplicación del artículo 155, cuando la titular del Departament fue lo ahora vicepresidenta del PP Europeo, Dolors Montserrat, como ministra del ramo de Mariano Rajoy; la llegada masiva de migrantes menores no acompañados durante los años 2017 y especialmente entre junio y en octubre del 2018 (cuándo llegaron 2.300) y posteriormente, la covid. Para  todos ellos, estas circunstancias justifican el uso del procedimiento de emergencia, que es uno de los puntos que más critica la sindicatura en su informe. La tramitación de emergencia queda recogido en el artículo 120 de la ley de contratos del sector público, que establece que se puede aplicar "cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan un peligro grave o de necesidades que afecten a la defensa nacional", una situación que según los ex altos cargos estaba justificada en aquel contexto y que, tal como han ido remarcando, también tiene que seguir un procedimiento.

"Prevalecieron los intereses de los menores"

Después de una primera intervención de Ricard Calvo, el resto de comparecientes han intervenido en bloque, encabezados por el exconseller El Homrani, que ha querido contextualizar bien el momento, poniendo mucho énfasis sobre la aplicación del 155, cuándo se retrasó la tramitación de centenares de expedientes, la llegada masiva de menores que se tuvieron que atender y la covid. Dando un repaso de los datos de jóvenes que llegaron a Catalunya en los años en cuestión, Homrani ha considerado que "hablan por si mismos" y que, su aterrizaje en la conselleria después de meses con la autonomía de Catalunya revocada, coincidió con el punto más álgido. "Lo que prevaleció fue el interés superior de los menores, se hizo un trabajo titánico por el cual no estaba preparado nadie", ha insistido el exconseller. En la misma línea, ha reiterado que la única manera de hacer frente era con la "contratación de emergencia", que incluye una veintena de pasos: "Todas las contrataciones de emergencias pasaron por el Consell de Govern del president Torra".

Críticas en el informe de la sindicatura de cuentas

Si bien la sindicatura de cuentas no es la única entidad que está investigando el funcionamiento de la DGAIA (también lo hace la Sindicatura de de Greuges i l'Oficina Antifrau) los cinco comparecientes lo hacían a cuenta del informe elaborado por la sindica Maria Àngels Cabasés, que en el pasado había sido diputada por ERC en el Parlament, entre el 2008 y en el 2010, pero después rompió con el partido y en el 2022 fue designada síndica por el Parlament, a propuesta de Junts. En este sentido, el también exdiputado de ERC y posteriormente secretario general del Departament, Oriol Amorós, ha expresado algunos elementos de crítica contra el informe en cuestión, reprochando que el texto no tuviera en cuenta el contexto que, según él, tuvo una "incidencia muy importante en la contratación y que no se menciona"