El sector turístico sufre gravemente los efectos de la Covid-19. La capacidad aérea se ha visto reducida significativamente, incluso después del levantamiento del estado de alarma. Las tendencias parecen apuntar a que el turista, a medio plazo, tenderá a viajar más cerca, a buscar destinos menos masificados, a reservar con menos antelación y a pasar estancias más cortas.

En este contexto, el pasado mes de agosto, la Generalitat aprobaba el Decreto 75/2020 de Turisme de Catalunya, culminando un proceso de 5 años para simplificar, actualizar e integrar en un solo cuerpo normativo las diferentes leyes vigentes en el ámbito del turismo, la regulación de las empresas y las actividades turísticas y el modelo de gobernanza de esta actividad económica. Además, el Decreto incorporaba nuevas modalidades de alojamiento turístico como el hogar compartido.

El hogar compartido es una actividad turística no profesional consistente en compartir el domicilio habitual y permanente como servicio de alojamiento para terceras personas, a cambio de una contraprestación económica. La duración del servicio no puede superar los 31 días. Se distingue de las viviendas de uso turístico por el hecho de que el inmueble no tiene un uso comercial dedicado solo al turismo, sino que esa actividad complementa el uso habitual de la residencia.

El hogar compartido aprovecha la infraestructura del inmueble y contribuye a un turismo más sostenible e inclusivo, con un impacto positivo en la comunidad

El hogar compartido no es un fenómeno nuevo. El pacto de hospitalidad entre particulares para ofrecer alojamiento se remonta a la tradición celtíbera. Fue adoptado por los romanos bajo el nombre de hospitium. Estamos ante una actividad con más de 2.000 años de historia que la digitalización y plataformas como Airbnb ponen ahora a disposición de un mayor número de ciudadanos.

Para contextualizar, el 70% de los anuncios en Airbnb se encuentran fuera de las principales zonas hoteleras de la ciudad. Se aprovecha la infraestructura existente del inmueble, contribuyendo a un modelo turístico más sostenible e inclusivo, con un impacto positivo en la comunidad. El hogar compartido no cambia la fisonomía del barrio y evita la masificación turística: no se construyen nuevos emplazamientos turísticos, los espacios ya existen y simplemente se aprovecha el espacio infrautilizado del propio anfitrión. El hogar compartido tampoco tiene un impacto negativo en la accesibilidad del alquiler residencial, ya que no supone un cambio en el uso de la vivienda. El inmueble sigue siendo la residencia efectiva del anfitrión. La actividad complementa y no desplaza la oferta de alquiler residencial.

El anfitrión recibe, por término medio, 97 céntimos de cada euro que fija en el precio y convive con el viajero en casa. Eso comporta un fuerte incentivo para tratar y escoger bien a los huéspedes, facilitando una convivencia respetuosa con la comunidad local. Según datos de Airbnb, los anfitriones catalanes que usan la plataforma son residentes en el mismo barrio desde hace unos 27 años de media. Los beneficios para los negocios de proximidad también son sustanciales: los clientes destinan por término medio casi el 40% del gasto a comprar en el comercio local del barrio donde se alojan.

Que el hogar compartido necesita un marco regulador propio y diferenciado del alquiler turístico es algo bastante consensuado. Un individuo que comparte su casa por periodos de corta duración no puede estar sujeto a las mismas regulaciones que el mercado de alquiler de vacaciones tradicional. No es proporcional. En palabras de la propia teniente de alcalde de Ecología y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona Janet Sanz, (noviembre de 2011), "el hogar compartido necesita un marco normativo adecuado a la realidad de aquellas familias que comparten su vivienda habitual para complementar sus ingresos".

El Ayuntamiento de Barcelona tiene una oportunidad única para definir una normativa que impulse un turismo sostenible y una recuperación inclusiva

Sin embargo, la propia Janet Sanz anunciaba el pasado mes de agosto, en plena pandemia, la suspensión durante un año de la concesión de licencias de habitaciones de uso turístico en viviendas, a la espera de desarrollar una nueva normativa municipal que regule esta actividad en la ciudad en los próximos meses. En definitiva, cinco años para redactar el Decreto de Turismo y seis meses más para redactar una ordenanza reguladora de los hogares compartidos. Sin duda una administración eficiente y diligente con los plazos, una administración al servicio del administrado.

Una normativa restrictiva de los hogares compartidos, con limitaciones temporales, territoriales y administrativas, golpeará especialmente a los perfiles de renta que el equipo de gobierno dice defender. Considerando el impacto socioeconómico de la crisis del coronavirus, imponer restricciones desproporcionadas a esta actividad tampoco ayudaría a la recuperación de familias que han visto disminuir sus recursos y que podrían optar por el alquiler de habitaciones como complemento a sus ingresos habituales. Recordamos que 7 de cada 10 residentes en Catalunya son propietarios de un inmueble.

Países como Dinamarca, Estonia, Portugal y Grecia, e incluso regiones como Andalucía, ya cuentan con un proceso de registro online y gratuito que también ayuda a las administraciones en sus tareas de inspección. Barcelona ha planteado una regulación que no existe en ninguna otra gran ciudad del mundo, donde habitualmente se limita la actividad de los operadores profesionalizados pero no la del hogar compartido.

Una buena regulación es aquella que aporta legitimación a la actividad de los anfitriones, seguridad jurídica para todos los participantes y una buena relación con las administraciones públicas y la ciudadanía. Nos hace falta una regulación equitativa y proporcional que fomente la distribución de los beneficios del turismo entre todos los vecinos de la ciudad. Tras el reconocimiento de los hogares compartidos en el decreto de Turisme de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona tiene ahora una oportunidad única para definir una normativa que impulse un turismo sostenible y una recuperación inclusiva en la capital catalana. ¿Nos ponemos a ello?

Martí Jiménez Mausbach es el director de Investigación del Institut Ostrom.

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