El Ministerio de Hacienda ha abierto definitivamente el melón: la reforma del sistema de financiación. Se trata del reparto de los más de 120.000 millones de euros que las comunidades de régimen común acaban destinando a sanidad, educación y servicios sociales. El actual sistema tiene su origen en 2009, hace doce años, y hace siete que está caducado. Finalmente, este viernes, la ministra María Jesús Montero ha desencallado la cuestión y ha hecho llegar a todas las comunidades autónomas su propuesta de cálculo de la población ajustada, es decir, todos los factores que determinan el reparto. Estaban muy pendientes territorios como Catalunya, el País Valencià o Balears, con problemas de infrafinanciación consecuencia del sistema actual. Hacienda asegura que son criterios "más robustos, detallados y realistas".
En el documento presentado, de 240 páginas, se tienen en cuenta factores estándar como el padrón en relación al gasto en sanidad y educación, pero también otros factores correctivos como la superficie de la comunidad autónoma, la dispersión de su población, el fenómeno de la despoblación o la insularidad en el caso de las Balears y las Canarias.
En la nueva propuesta de población ajustada se destinan más recursos a la sanidad, que pasa de una ponderación del 38% a una del 40-45%. Además, para determinar mejor las necesidades de cada territorio, la población pasa de una división de siete grupos de edad a veinte. "De esta manera se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas de edad. La población protegida equivalente tiene en cuenta que, en términos de gasto sanitario, la edad de los ciudadanos es relevante", aseguran.
El mismo peso gana la educación, pasando de una ponderación del 20,5% a una del 25-30%. De estos, el 75-80% es para la educación no universitaria y el 20-25% para la educación universitaria. La opción preferente del Ministerio pasa por tener en cuenta, en el caso de la educación no universitaria, el patrón 0-17 años y las entradas de alumnos de FP superior desde otros territorios. Y en el caso de la educación universitaria, el padrón 18-24 años y la entrada de alumnos universitarios desde otras comunidades.
Con respecto a las variables correctivas, pasan del 3% al 4% de ponderación. Se sigue teniendo en cuenta la superficie, la insularidad y la dispersión y se añaden dos más: la despoblación y los costes fijos.
"Actualmente se dispone de más y mejores datos estadísticos que cuando se aprobó el modelo vigente en 2009", sostiene el Ministerio en un comunicado. Por lo tanto, continúa, "es posible apostar por un cálculo de población ajustada más realista, sofisticado y con más estratificación". Concluyen que quieren abrir un "debate leal, riguroso, que supere la dialéctica de comunidades ganadoras y perdedoras" y que "apueste por un modelo racional donde confluyan los intereses de todas las comunidades".
"Diálogo multilateral"
A partir de esta propuesta, susceptible de "aportaciones y observaciones" de todos los territorios, el Gobierno quiere abrir un "diálogo multilateral" con las comunidades autónomas, hecho que considera "un cambio con respecto a reformas de modelos anteriores". Un diálogo "multilateral" que no encaja con los planes del president Pere Aragonès, que insiste en que quiere negociar de forma bilateral con el Estado. Fuera de Catalunya, ya se han empezado a formar frentes territoriales. Como el que lidera el gallego Alberto Núñez Feijoo, al cual se han sumado otros territorios de diferentes colores políticos: Asturias (PSOE), Cantabria (PRC), La Rioja (PSOE), Castilla y León (PP), Extremadura (PSOE), Castella-La Mancha (PSOE) y Aragón (PSOE). Estos ocho territorios han reclamado que no haya ningún tipo de bilateralidad con la Generalitat.
¿Quién sale ganando hoy?
La propuesta de población ajustada es clave. La afectación de estos factores se puede observar claramente en los resultados finales del actual sistema de financiación. Según el último informe anual del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) Madrid, las Balears y Catalunya fueron, por este orden, las tres comunidades que más recaudaron por persona en el año 2019. En cambio, una vez aplicada la nivelación, pasaron a ocupar, respectivamente, los lugares octavo, noveno y décimo. El mismo pasó con el País Valencià, que bajó de la sexta en la antepenúltima posición. Salieron ganando los territorios menos poblados: Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Asturias y Galicia, que encabezaron el nuevo ranking. Para poner cifras: antes de aplicar los correctores, Catalunya tenía unos recursos de 3.122 euros per cápita; después, de 2.822 euros. Al contrario de lo que pasó en La Rioja, que pasó de 2.500 a 3.508 euros.