La entidad Hablamos Español, favorable a la supremacía de la lengua castellana, fracasó en su primer intento de liquidar el sistema escolar catalán cuando, en 2018, fue incapaz de entregar medio millón de firmas para forzar el debate de una iniciativa legislativa popular (ILP), aunque fue favorecida por ampliaciones del plazo por parte del Congreso de los Diputados y que desarrolló buena parte de su campaña en territorio de la España monolingüe, donde se animaba a la ciudadanía a firmar en contra de la enseñanza de otras lenguas que no sean el castellano. Una de sus primeras acciones fue conseguir que más de 30.000 madrileños aportaran su nombre para favorecer una ley en contra, entre otros, del modelo escolar catalán.
Ahora, esta entidad reconoce el fracaso del primer intento y anuncia que lo volverá a probar. De hecho, ha justificado el fiasco a la hora de conseguir las firmas exigidas asegurando que fueron víctimas de trabas administrativas y boicots. Con todo, la entidad recogió firmas en Barcelona con normalidad, hasta el punto que, en una página en Internet ahora desaparecida, calificaban de "espectacular" la instalación de una carpa en la capital catalana.
Imponer el castellano allí donde es cooficial
La intención de esta entidad es forzar al Congreso el debate de una ILP que exija en los territorios donde el castellano es cooficial la obligatoriedad de enseñar en esta lengua porque, según Hablamos Español, es la "que nos une a millones de personas a España y a centenares de millones en todo el mundo". Por eso piden que "la enseñanza en varias lenguas como vehiculares tiene que hacerse con cautela y siempre de forma voluntaria".
La entidad promueve también campañas en que, bajo una supuesta demanda de libertad de elección de lengua, se ataca sistemáticamente a instituciones públicas cuando estas escogen no utilizar el castellano.