Los últimos informes de la Guardia Civil remitidos al Supremo afirman que la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, participó en los preparativos del referéndum del 1 de octubre, una convocatoria que este cuerpo policial asegura que fue ideada con "tácticas propias de la delincuencia organizada".
La participación de Artadi —entonces directora general de Coordinació Interdepartamental del Departament de Presidència— en el referéndum se extrae de las llamadas intervenidas a Josep Maria Jové, hombre de confianza de Oriol Junqueras, pieza clave del proceso soberanista considerado el "cerebro" de la logística del 1-O.
En uno de estos pinchazos, Artadi llamó a Jové a las once y media de la noche del 6 de septiembre del 2017, mientras se votaban los decretos de las leyes de desconexión en el Parlament, según indica uno de los informes a los cuales ha tenido acceso Efe.
El motivo fue conocer con qué fecha publicaban el decreto de convocatoria del referéndum y Jové le dijo que estaban preparados para enviar las cartas a los ayuntamientos, con fecha del día 6, por lo cual tenía que publicarse aquel mismo día. Tres minutos después, en otra llamada Artadi comunicó a Jové que el decreto se publicaría en torno a una hora después, pero con fecha del día 6.
La Guardia Civil también ha encontrado rastro de la participación de Artadi en el proceso en una llamada suya al que fue secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, en la cual hablan de la creación de la Hacienda catalana.
Puigdemont, Junqueras, Romeva y Rovira
Los informes concluyen que los tres principales responsables de la organización del referéndum fueron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva, pero "el cerebro de la logística" fue Jové. Él recibía órdenes y despachaba asuntos directamente con Oriol Junqueras y también con Marta Rovira, quien tiene que declarar la semana que viene delante de Llarena y quien, a juicio de la Guardia Civil, tuvo un papel fundamental en el proceso.
Por otra parte, acusa a los líderes y principales responsables independentistas de Catalunya de actuar con "tácticas propias de la delincuencia organizada" amparadas en el "secretismo" y en un "lenguaje convenido propio", que demuestra "cierto conocimiento de las técnicas policiales de investigación". Además, menciona que la hoja de ruta que manejaba la cúpula independentista "no fue fruto del azar" sino que estaba "bastante planificada" con pasos, etapas y objetivos.
Todo eso bajo una estrategia marcada por "unas precauciones en sus comunicaciones propias del comportamiento de la delincuencia organizada" con "mensajes de Telegram con autodestrucción en cuestión de segundos, correos electrónicos con borrado casi inmediato" y "diálogos prácticamente surrealistas donde hablan de eso, aquello o aquel".
El informe dedica un apartado a los Mossos d'Esquadra y acusa a los dirigentes políticos y policiales del cuerpo, entre ellos el exdirector Pere Soler y el exmayor Josep Lluís Trapero, de proteger a responsables y líderes soberanistas que estaban siendo investigados con tareas de "contravigilancia". "Parece meridiano que la Generalitat utiliza a su propia policía autonómica más para funciones de seguridad y protección de sus miembros, aunque estos realizan acciones que pueden infringir la ley, que para hacer cumplir los mandatos judiciales o las investigaciones policiales", afirma el documento.
La Guardia Civil acusa a los Mossos de "brindar a los miembros del Govern" y de desarrollar una estrategia con "una clara orientación hacia los fines que persigue el proceso secesionista". En uno de los informes, refleja una serie de noticias de prensa sobre el viaje de Puigdemont a Bélgica y concluye que revelan la protección que le dieron hasta el punto de sospechar que es como mínimo "dudoso" que estos policías actuaran a título particular sin el apoyo de la Conselleria de Interior. Puigdemont, sin embargo, se marchó a Bélgica cuando el gobierno español ya había suspendido la autonomía a través del artículo 155.
El informe también analiza el dinero gastado en el proceso soberanista y concluye que la Generalitat catalana habría pagado en torno a 1 millón de euros a la empresa de transportes Unipost para enviar cartas en los miembros de las mesas electorales y para tarjetas censales del referéndum ilegal del 1-O.