El choque entre el Govern y ERC por los presupuestos de 2026 se intensifica con reproches cruzados y acusaciones de bloqueo. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha apelado a los grupos parlamentarios a “no condenar el país al bloqueo” y ha defendido una actitud de “mano tendida, humildad y generosidad”. Durante su comparecencia en comisión en el Parlament para presentar las cuentas de su departamento, ha asegurado que el ejecutivo cumplirá “el 100%” de los acuerdos de investidura y ha pedido a ERC que “no tire la toalla”. Desde las filas republicanas, el presidente del grupo en el Parlament, Josep Maria Jové, le ha replicado que no traslade la presión a su partido, sino al PSOE, a quien atribuye la responsabilidad de garantizar la recaudación íntegra del IRPF para Catalunya. “Si alguien bloquea Catalunya, es quien incumple”, ha afirmado, lamentando que el país quede supeditado a los “intereses electorales” de los socialistas.

Dalmau ha defendido que los suplementos de crédito han servido para “gestionar la contingencia”, pero ha reivindicado los presupuestos como una auténtica “herramienta de país”. Ha subrayado que las cuentas de 2026 incorporan 9.000 millones de euros más que las de 2023 —las últimas aprobadas— y ha insistido en que no hay alternativa: “El plan A, B y C es que el país tenga presupuestos”. El conseller se ha mostrado “orgulloso” del trabajo hecho con ERC y los Comuns en el último año y medio, que, según ha dicho, ha dado frutos como el acuerdo de financiación singular. También ha reiterado la disposición del Govern a “abrir todas las carpetas” para llegar a un acuerdo y ha vuelto a apelar a los republicanos: “Porque hemos cumplido y cumpliremos, les pido que no tiren la toalla y nos sentemos a negociar”.

Jové, sin embargo, se ha mostrado crítico con el hecho de que el ejecutivo haya registrado unos presupuestos que sabe que no tienen los apoyos necesarios “porque no han hecho lo que hacía falta”. Ha defendido que la responsabilidad de sumar mayorías es “exclusivamente” del Govern y ha reclamado “menos gesticulación”. “¿Quieren presupuestos? Nosotros también. Es muy sencillo: cumplan la palabra dada”, ha dicho, rechazando que las condiciones republicanas sean “un chantaje” y reivindicándolas como coherentes con los acuerdos. A pesar del tono duro, el dirigente de ERC ha asegurado que su partido “no tirará nunca la toalla” y que no cierra la puerta a negociar. Si finalmente no hay presupuestos, ha garantizado que trabajarán para que los recursos lleguen igualmente a la ciudadanía. También ha recordado que todavía “hay tiempo”, ya que el pleno votará las enmiendas a la totalidad el 20 de marzo, y ha instado al Govern a ofrecer garantías claras sobre el IRPF.

“Salto histórico” en el financiamiento local

En su intervención, Dalmau ha detallado unas cuentas que, según ha afirmado, suponen un “salto histórico” para la financiación del mundo local. El presupuesto del Departamento de Presidencia asciende a 1.051 millones de euros, un 30,2% más que en 2023 y un 12,6% más que en 2025. De esta cifra, 350 millones se destinan a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. De los 701 millones restantes, más de la mitad —350 millones— irán a entes locales. Entre las principales partidas hay 185 millones para el Fons de Cooperació Local, 60 millones para el PUOSC y 42,7 millones para el Conselh Generau d'Aran. La reforma de la administración es la segunda prioridad del departamento, con 100 millones adicionales. Destacan los 16,5 millones para Oficinas de Atención a la Ciudadanía, que permitirán abrir cuatro nuevas sedes en el Penedès, la Seu d’Urgell, Puigcerdà y Barcelona-Eixample, así como desplegar oficinas móviles para cubrir 200 municipios. También se prevé ampliar el servicio del 012 a toda la semana.

En cuanto a conectividad y ciberseguridad, se destinarán 60 millones más, incluidos 17,7 millones para extender la fibra óptica a 850 municipios y 22 millones para reforzar la Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Otras partidas se dedicarán a nuevos servicios digitales (60 millones), prácticas remuneradas y ayudas a la función pública (22 millones) y a la simplificación de trámites (6 millones).