El Govern niega que la nueva ley de contratos y servicios, la conocida por la oposición como 'ley Aragonés', fomente o motive el externalitzación y ve "ruido" en ello una "campaña de intoxicación informativa" por parte de la CUP y los comunes. Fuentes del ejecutivo aseguran que la intención de esta nueva normativa es que las condiciones de los servicios contratados por la administración vayan más allá del precio y se valore más la calidad del producto, e insisten en que en ningún caso se abre la puerta a nueva externalización, como empezaron denunciando a la CUP y ahora también los comunes.

Concretamente, según el departamento, la nueva ley permitiría que la administración contrate no sólo ciñéndose al precio del servicio –que supondría un 40% de las condiciones una vez entrara en vigor la normativa–, sino también con criterios de calidad –que supondrían el 60% restantes–. Además, destacan que la norma permitiría también rescindir un contrato en caso de que la valoración y calificación de los usuarios a las encuestas fuera negativa, por lo que consideran necesaria su aprobación.

Las mismas fuentes recuerdan que después de la crisis aparecieron empresas multiservicios que se presentaban a concursos "reventando precios", y que por eso los ganaban, y consideran que había que encontrar un mecanismo para hacer frente y que se valoren otros criterios como "la pericia, la continuidad o la innovación".

En este sentido, aseguran que la ley que se está tramitando no fomenta la externalización sino que pretende regular esmeradamente los casos en que un servicio se presta mediante contratos, sin entrar a determinar cuáles son los que se tienen que hacer de manera directa y cuáles indirecta. "No se incita en ninguna parte de la ley a la externalización, es mentira", defienden en este sentido.

Críticas a la CUP y los comunes: "Es una campaña de intoxicación"

La tramitación de la ley de contratos de servicios a las personas, a pesar de que se puso sobre la mesa ya el año 2016 y que se empezó a tramitar en el Parlament el otoño pasado, ha levantado polémica en las últimas semanas. La CUP, con el apoyo de varias entidades del sector como la FAPAC, empezaron la semana pasada una campaña donde denunciaban que la aplicación de la ley llevaría a "externalitzaciones masivas" y pidieron su paralización. Pocos días después se sumaron los Comunes

El Govern lamenta que la CUP sea quien pide ahora parar la normativa ya que no presentaron ninguna enmienda a la totalidad cuando se presentó y cuando no han participado en ninguna de las sesiones ni ponencias de la redacción de la ley durante el trámite parlamentario. Por parte de los comunes, fuentes del ejecutivo aseguran que presentaron enmiendas y que en una de ellas pedía ampliar en hasta 20 más los 150 ámbitos de actuación de la ley. Por lo que se han mostrado sorprendidos y lo han atribuido a que se han visto "presionados" por la reacción de la CUP.

Actualmente la ley se encuentra en el trámite de debate de las enmiendas, donde se han presentado 216, y la previsión es que la la aprobación del texto final no llegue hasta el otoño.