La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, no ve ninguna novedad en la enmienda pactada entre ERC, Unidas Podemos y el PSOE sobre "eliminar" el castellano como lengua vehicular en Catalunya.

En una entrevista en Onda Cero, la ministra ha descartado que haya nada de "revolucionario" en la enmienda, sino más bien "una garantía para los alumnos de recibir la educación de acuerdo" con la legalidad. "Lo que dice es que las administraciones educativas garantizan el derecho a recibir enseñanzas en castellano y las otras lenguas cooficiales en sus territorios conforme a la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa vigente. ¿Francamente, qué hay de nuevo en esta enmienda?", se ha preguntado.

Así pues, ha asegurado que los "alumnos pueden estar tranquilos" y que se los seguirá educando "de acuerdo con la Constitución". Por este motivo, se ha mostrado sorprendida por las reacciones que la enmienda ha provocado, sobre todo, entre las formaciones de la derecha española, que han tildado la reforma de inconstitucional. "Atengámonos a qué dicen la Constitución, el Estatuto de autonomía y la normativa aplicable", ha repetido.

¿La enmienda blinda realmente el catalán?

En Madrid no es el único lugar donde esta enmienda ha generado polémicas. Y es que, en Catalunya, esta reforma se ha convertido en otra fuente de discusión entre los socios de Govern. La cuestión clave es: ¿blinda realmente esta enmienda el catalán en la educación?

Para el grupo de JxCat, no. El diputado en el Congreso Sergi Miquel (uno de los que se quedaron en el PDeCAT) aseguró que la ley educativa impulsada por la ministra de Educación, Isabel Celaá, no protege la inmersión lingüística. El motivo, muy sencillo, la enmienda de ERC deja la puerta abierta a que el Ministerio de Educación dicte a través de un decreto un porcentaje de clases que hay que dar en castellano en las escuelas catalanas.

Miquel fue concreto y apuntó a la siguiente frase de la enmienda: "Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano". Esto "hace de todo menos blindar el sistema de inmersión lingüística", dijo, apostando por suprimir todo este apartado.

ERC, sin embargo, no lo ve así. La diputada Montse Bassa, hermana de Dolors Bassa, argumentó que en el proyecto de ley "administraciones educativas" siempre hace referencia al Departamento de Educació, mientras que utiliza las denominaciones de gobierno y ministerio para referirse al Estado español.

"Es imposible hacer una mala interpretación, en el texto queda muy claro. Me extraña mucho que no lo vean así" en JxCat, ya que "es innegable", reiteró Bassa.

La visión del PSOE, demoledora para ERC

Quien seguramente tiene la clave de todo es el PSOE, y este parece haber dictado sentencia. La portavoz socialista de educación en el Congreso, Luz Martínez Seijo, dijo que el objetivo era garantizar el derecho a estudiar y aprender en las dos lenguas por igual, por lo cual, en "el caso hipotético" que se detectara que alguna de las dos lenguas está desequilibrada en la gestión de competencias, se establecerían "medidas compensatorias" para garantizar este derecho.

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