La Generalitat ha constituido este viernes el Grup de Treball per a la garantia del Dret a l'Habitatge. Lo que se desprende de esta primera reunión, a la que han asistido varios consellers, es que Catalunya insta al Gobierno a ampliar la moratoria contra los desahucios de hogares vulnerables sin alternativa residencial. Para el Govern, hay que prorrogarla "como mínimo hasta finales de año" para evitar una "avalancha de ejecuciones de lanzamientos".
La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, es quien ha presidido la reunión interdepartamental de este viernes. También han participado en el encuentro el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena; la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró; la consellera de Drets Socials, Violant Cervera; y el secretario general de la Vicepresidència, Ricard Font. En una comparecencia posterior a la reunión, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado que el objetivo de este grupo de trabajo es "minimizar las consecuencias que sufren las personas que no tienen los recursos necesarios para acceder a la vivienda".
Los ejes del Grup de Treball pel Dret a l'Habitatge
Uno de los compromisos del nuevo Govern era la creación de un órgano colegiado y transversal entre los diferentes departamentos de la Generalitat para garantizar el derecho a la vivienda. En menos de dos semanas desde su toma de posesión, el Govern ponía en marcha el Grup de Treball per a la garantia del Dret a l'Habitatge.
La finalidad es "establecer acciones y mecanismos para luchar de forma efectiva contra las situaciones que vulneran el derecho a la vivienda". Este viernes, en su primera reunión, se ha acordado "la metodología" que seguirá el grupo de trabajo y, según ha anunciado Patrícia Plaja, "se ha concretado que se abordará la creación de un protocolo único interdepartamental que vele por los más desfavorecidos".
Imagen: Fotografía de la primera reunión del grupo de trabajo por el derecho a la vivienda en la Sala Torres García del Palau de la Generalitat. Generalidad de Catalunya.
Otra de las reivindicaciones es que "la vía judicial para la ejecución de los lanzamientos no tiene que ser la prioritaria, sino la vía de la mediación" y, en este sentido, el Gobierno reclama poder acceder a los expedientes de personas que se encuentran en una situación vulnerable para poder actuar mucho antes y garantizar el derecho a un hogar digno". Se quieren evitar casos como el hombre que se suicidó antes de ser desahuciado en el barrio de Sants a mediados de junio.
En el encuentro de este viernes han participado de forma excepcional los titulares de los departamentos implicados, pero la previsión es que cada una de las cinco conselleries implicadas (Presidència, Vicepresidència, Interior, Justícia y Drets Socials) nombre a dos vocales con rango orgánico de director general. El secretario del grupo de trabajo será un funcionario del Departament de Presidència.
Por otra parte, una de las carpetas del grupo de trabajo es el papel de los Mossos en los desahucios. Sin embargo, en la comparecencia posterior a esta reunión, la portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja, ha explicado que este viernes "no se ha hablado de si los antidisturbios tienen que estar a los desahucios" y ha querido remarcar que "cuando los Mossos actúan como policía judicial, siguen las indicaciones de la justicia".
El acuerdo de Govern ERC-Junts
El documento que recoge el pacto de Govern entre ERC y Junts establece que ambos partidos se comprometen a subir el presupuesto de vivienda "hasta 1.000 millones de euros". Algunas medidas que se concretaban son las ayudas al pago del alquiler para personas en situación de exclusión residencial, "evitar por ley los desahucios de las familias vulnerables", "modificar el protocolo de lanzamientos judiciales" o "trabajar para alternativas residenciales", como recuperar el decreto que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social ante cualquier intento de desahucio.
Por otra parte, las dos formaciones establecieron en el decreto de estructura del Govern que las competencias de Habitatge se traspasaban de la Vicepresidència y Conselleria de Polítiques Digitals i Territori a la Conselleria de Drets Socials. Puigneró, vicepresident de la Generalitat, defendió que "la vivienda es un derecho social y, por lo tanto, tiene que liderar la competencia el Departament de Drets Socials".
Imagen principal: Panorámica de la ciudad de Barcelona. Europa Press.