El ministro José Luis Ábalos lo calificó de "piedra en el camino" de las relaciones entre el Estado y la Generalitat. Por eso, el Gobierno pasa de puntillas por la ofensiva del Tribunal de Cuentas, que ha reclamado cantidades millonarias a una treintena de exdirigentes independentistas. A pocas horas de la reunión de presidentes en La Moncloa, la ministra-portavoz María Jesús Montero ha evitado valorar las fianzas y el ministro de Justicia no ha aclarado cuál será el papel de la Abogacía del Estado en esta causa. Ayer fue Pedro Sánchez quien descartó dar órdenes a los servicios jurídicos del Gobierno.

El informe de 504 páginas del Tribunal de Cuentas desglosa los gastos y la fianza que se consigna a cada uno de los acusados. La persona a quien se le ha impuesto una fianza más elevada es Albert Royo, exsecretario general del Diplocat. El importe que le piden supera los 3,6 millones de euros. A los exconsellers Francesc Homs y Andreu Mas-Colell los piden 2,8 millones de euros, la misma cantidad que al president Artur Mas. Al president Carles Puidemont y al exvicepresidente Oriol Junqueras les piden 1,9 millones. Y así hasta una treintena de cargos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha sido preguntada justamente por estas fianzas. Y ha esquivado el interrogante: "El gobierno no se pronuncia sobre las instrucciones o resoluciones que emite el Tribunal de Cuentas". La portavoz no se ha movido del argumentario ya verbalizado por el presidente Sánchez: "respeto" por este organismo y subrayar que sus decisiones "pueden ser impugnadas por la vía judicial". Y ha aprovechado la ocasión para cargar contra el Partido Popular por "boicotear" la renovación de los órganos judiciales, como el CGPJ pero también el Tribunal de Cuentas, que estos días verá como caduca su mandato. "Es una actitud tremendamente antidemocrática del señor Casado", ha denunciado la ministra.

El independentismo, sin embargo, reclama al Gobierno que resuelva las causas del Tribunal de Cuentas. Hoy mismo, Junts ha presentado una iniciativa al Congreso y el Senado que insta a La Moncloa a retirar la Abogacía del Estado. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha respondido que, siguiendo el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, una vez practicada la liquidación provisional, "la Abogacía no presenta demanda".

"Líneas rojas"

La rueda de prensa ha tenido pocas horas antes de la reunión entre el presidente Sánchez y el presidente Aragonès en La Moncloa. María Jesús Montero ha confiado en que este encuentro "sirva como punto de partida" y ha dejado las explicaciones para las comparecencias posteriores. Eso sí, no ha descartado que se produzcan propuestas en la cumbre, pero vinculadas al "día a día". Con respecto a la agenda catalana, de amnistía y autodeterminación, la portavoz ha recordado que "evidentemente hay líneas rojas".