El Gobierno ha salido en defensa del exministro de Exteriores Josep Borrell ante la denuncia que emitió "órdenes inconstitucionales" al entonces cónsul español en Edimburgo, capital de Escocia.

La polémica estalló en junio del año pasado, cuando Miguel Àngel Vecino, titular del consulado español, fue cesado fulminantemente una vez aseguró que España no vetaría a Escocia en la Unión Europea en caso de una eventual independencia. En noviembre, el ya excónsul denunció que Borrell le había dado órdenes contrarias a la Constitución Española

En una carta a sus representantes a la Junta de la Carrera Diplomática, Vecino aseguró que Borrell "impedía la visita de la delegación de todos los partidos del Parlamento de Catalunya al Parlamento escocés", con la finalidad de evitar toda presencia catalana en Escocia antes de las elecciones generales del 28-A, para evitar "perjudicar electoralmente al gobierno de Pedro Sánchez".

Recientemente, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu se ha interesado por la cuestión por medio de una serie de preguntas parlamentarias donde preguntaba si efectivamente se habían emitido "órdenes anticonstitucionales" y si el ministerio de Exteriores tenía intención de investigar los hechos.

En su respuesta, el Gobierno cierra filas en torno a Borrell negando que en ningún caso se hayan emitido "instrucciones, y mucho menos 'órdenes', que sean contrarias a la Constitución", para especificar que entre las atribuciones de los cónsules está "la promoción de los intereses económicos españoles allí donde no hay oficina comercial", para asegurar que "las instrucciones recibidas en su caso por el Cónsul General de España en Edimburgo fueron de este orden".

En un tuit, Iñarritu ha publicado la respuesta asegurando que si las instrucciones fueron "de tipo económico" ahora habrá que preguntar cuáles fueron estas instrucciones, principalmente porque, como apuntó el mismo excónsul Vecino, Borrell impidió una visita de la Cambra de Comerç de Edimburgo en Barcelona y otra de una delegación de empresarios catalanes en Escocia, "con la finalidad de que los empresarios catalanes no contactaran con los escoceses". Ciertamente, se habría tratado de instrucciones del ámbito económico, pero difícilmente conformes al espíritu y la letra de la Constitución Española.

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