Los escándalos que persiguen al letrado de las Cortes Enrique Arnaldo eran casi diarios. Y siguen siéndolo, ahora ya como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Son sus centenares de artículos en la prensa, sus colaboraciones con la FAES, sus trabajos para administraciones del PP, su imputación en los casos Palma Arena o Lezo... Tales han sido los escándalos que ha pasado desapercibida la otra propuesta del PP, la magistrada de la Audiencia Nacional Concepción Espejel, conocida con sorna como Cospejel. Es la amiga de María Dolores de Cospedal que tuvo que ser apartada del juicio de la Gürtel por esta afinidad, y que también redacta votos particulares para condenar a Josep Lluís Trapero y la cúpula de los Mossos. El pasteleo de siempre, esta vez acompañado de polémica y una decena de diputados díscolos. Pero ningún obstáculo insalvable: el Congreso ha validado las designaciones por una mayoría holgadísima.

Unos perfiles muy diferentes a los propuestos por PSOE y Podemos al Tribunal Constitucional, de reconocido prestigio. Inmaculada Montalbán destaca por su trabajo en materia de género, mientras Juan Ramón Sáez Valcárcel en el ámbito de los derechos civiles y políticos. Paradójicamente, quien ha salido salpicado de todo este espectáculo no ha sido el PP, sino el gobierno progresista de coalición, que se ha tragado dos sapos y ha tenido que hacer equilibrios para justificarlo. En cambio, la derecha ha pasado desapercibida, sino que también ha conseguido su objetivo inicial: que nada cambie. Atrincherarse en la judicatura, desde donde ejercen su contrapoder contra la izquierda española y los independentistas.

Los conservadores mantienen las posiciones y la acción de Vox radicaliza las togas

Lejos de representar la pluralidad de la sociedad española, el alto tribunal mantendrá la actual mayoría conservadora, de siete contra cinco. Con un nuevo elemento de influencia, la extrema derecha de Vox, que ha decantado a los magistrados hacia posiciones más extremas. La formación ultra se ha convertido en una máquina de presentar recursos que después son estimados, como han demostrado los estados de alarma. El TC seguirá examinando todas las causas del procés que le sigan llegando, pero también cuestiones como la ley de eutanasia o la ley Rhodes, que ha recurrido la formación de Abascal. El nuevo paradigma: son nombrados por el PP y compran las tesis de Vox.

El mismo proceso de atrincheramiento que ya ha pasado en otras altas instituciones judiciales del Estado, empezando por el Tribunal Supremo. Con el mandato caducado, el CGPJ ha renovado las cinco presidencias de sala del Tribunal Supremo, con mandato de cinco años, entre ellas la reelección de Manuel Marchena al frente de la sala de lo penal. Más sintomática es la composición de la propia sala de lo penal, para poner un ejemplo de órgano relevante y completamente colonizado por la derecha. Los magistrados tienen plaza vitalicia, y se han cubierto varias vacantes por jubilación. En estos momentos la correlación es de 13 conservadores por 3 progresistas. Con una media de edad de 62 años, sólo uno de sus integrantes tiene cerca el horizonte de la jubilación. Por esta sala seguirán pasando las principales causas políticas. El último ejemplo, la inhabilitación del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez por agresión a un policía, con la declaración del agente como única prueba.

Aunque técnicamente no forma parte del poder judicial, el Gobierno sí que ha conseguido una mayoría más favorable en el Tribunal de Cuentas, que se ha renovado por completo (sólo repiten dos consejeras progresistas). Han conseguido cesar a la polémica Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia con el PP, encargada de juzgar la causa de la treintena de exdirigentes independentistas. Aun así, ya ha habido movimientos para influir en la poderosa sala de enjuiciamineto. El control lo tenía que tener el abogado Luis Antonio Ortiz de Mendivil, próximo a Unidas Podemos, pero finalmente recaerá en la jueza María del Rosario García Álvarez por una maniobra del PSOE. La causa catalana queda en el aire. Se tendrá que formar un nuevo tribunal que la "juzgue".

La batalla de junio

Hay varias teorías en torno a lo que ha pasado con los nombramientos del PP de esta semana. Hay quien sostiene, dentro del mundo judicial, que ha sido una estrategia deliberada de los populares para reventarlo todo. Sea como sea, el espectáculo de esta semana complicará todavía más las futuras renovaciones, entre ellas la del mismo Consejo General del Poder Judicial, a punto de de cumplir tres años con el mandato caducado y que sigue bloqueado por Pablo Casado. Cada día con una excusa diferente, desde la participación de Unidas Podemos hasta la "despolitización" del sistema de elección. La renovación del CGPJ es la madre de todas las batallas. Y ahora un posible desbloqueo costará más, si el Gobierno no quiere tragarse más sapos como Arnaldo y Espejel.

No es la única renovación en ell horizonte. De hecho, en junio finalizará el mandato de cuatro magistrados más del Tribunal Constitucional. Dos tendrán que ser escogidos por el mismo Gobierno y dos más a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, tal como establece la ley. Sin embargo, teniendo el mandato caducado, el órgano de gobierno de los jueces no podrá designar a sus dos magistrados sin esta renovación. Estos dos magistrados que escoge el CGPJ serán claves para hacer justamente decantar la mayoría del alto tribunal para que pase de conservadora a progresista. Todavía queda mucha batalla por delante. El final, a estas alturas, es incierto.

Advertencias desde dentro

Desde dentro de la misma alta magistratura hay avisos a navegantes, como los que ha hecho de forma reiterada el magistrado catalán del TC Juan Antonio Xiol. La semana pasada, en un voto particular a la sentencia del segundo estado de alarma, advertía del "carácter excesivamente autorreferencial" de las argumentaciones del tribunal, que comporta el "riesgo de la creación de un lenguaje propio y de un aislamiento respecto de la comunidad jurídica". Sobre la sentencia del primer estado de alarma advertía de una "deriva" del Constitucional que se acaba pagando fuera, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Xiol, que admite "cierta fatiga intelectual" ante esta deriva, también ha presentado voto particular en todas las sentencias contra los condenados por el 1-O, en términos muy parecidos. Podría ser él también el magistrado que votó contra los nombramientos de esta semana. Pero el voto fue secreto y quizás no se sabrá nunca.