"Es incomparable". El Gobierno no encuentra contradictorio haber anunciado que se personará en el caso Negreira que afecta al Barça con no haberse personado en casos como la Operación Catalunya y el espionaje a líderes independentistas a través de Pegasus. Fuentes de La Moncloa señalan que las "dinámicas" del fútbol no pueden compararse con casos de una naturaleza como los de la Operación Catalunya, de un uso de las estructuras del estado para perseguir el movimiento independentista.

Este lunes, el presidente del Consejo Superior del Deporte (CSD), aseguró que cuando la denuncia fuera admitida a trámite, el organismo se personaría en la causa; de la misma manera que también lo anunció el Real Madrid. Afirmó que le preocupa la imagen que se puede generar del deporte español después del caso Negreira. "Un club no paga así por ningún motivo al vicepresidente de los árbitros", señaló en declaraciones en Telecinco José Manuel Franco. De la misma manera, señaló que su organismo se personaría en el caso "con la mayor contundencia" y "siguiendo el proceso lógico".

El presidente de CSD también pidió al presidente del Barça, Joan Laporta, que "aclare de una vez qué ha pasado", en relación a los contratos entre el vicepresidente de los árbitros y el club. Señaló, en este sentido, que los socios y seguidores del Barça también necesitan una explicación convincente por parte del presidente del club.

Hay que señalar que en estos últimos días se acumulan procedimientos contra el Barça por el caso Negreira. El presidente del club azulgrana, de todos modos, insiste en que se siente tranquilo y ha afirmado que "el Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad". Cuando se supo que el Gobierno también se personaría en esta causa, Laporta ironizó y dijo que "ahora ya estamos todos".

Por otra parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado este martes que la Fiscalía Anticorrupción asuma la investigación del caso Negreira, un asunto que hasta ahora estaba en manos de la Fiscalía Provincial de Barcelona. Lo ha certificado mediante un decreto en el cual establece que la competencia para aclarar los hechos pasen a la Fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción y la criminalidad. El Ministerio Público justifica el cambio porque cree que se trata de delitos "de especial trascendencia".

Así pues, el jefe de la Fiscalía contra la corrupción, Alejandro Luzón, será el encargado de decidir al responsable de la acusación pública, que será uno de los delegados de Barcelona. Luzón hacía días que perseguía este movimiento para declararse competente para la investigación en curso. Sin embargo, como la Fiscalía Provincial de Barcelona llevaba diez meses con las diligencias abiertas, García Ortiz decidió que lo prioritario era presentar la denuncia y, después, hacer el cambio de Fiscalia.