El Gobierno sigue vigilando con recelo las acciones del independentismo en su retorno a las instituciones catalanas, a pesar de la plena vigencia del artículo 155 de la Constitución. El hecho es que la sesión constitutiva del Parlament no ha exaltado los ánimos en la Moncloa: según fuentes del ejecutivo, el discurso del presidente de la cámara, Roger Torrent, ha transcurrido dentro de los márgenes de la "normalidad, sin sorpresas respecto de las mayorías que han obtenido". "Al menos, no ha empeorado la situación", explican personalidades del entorno de Mariano Rajoy, sobre si habrían observado indicios de remotar la declaración unilateral de independencia y el pulso con el Estado.

La cuestión es que Rajoy tenía el recurso de inconstitucionalidad a punto para presentarlo ante el Tribunal Constitucional, en caso de que los diputados en Bruselas hubieran delegado su voto. Así lo explicó a los periodistas en un encuentro informal en la Moncloa este martes. Finalmente no ha sido necesario, ya que Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín han decidido no delegarlo. Al respecto, las fuentes del Gobierno creen que la publicación de la noticia del recurso habría actuado de forma "disuasoria" y por eso no se habría producido.

El hecho es que Rajoy tampoco piensa emitir un recurso por el voto que han delegado de los diputados presos, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn, para la constitución de la Mesa, como explicaba por la mañana este diario. Eso pasa después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena les autorizara a hacerlo de ese modo, bajo la idea de no privarles del derecho de representación política, como consecuencia de la condición de prisión cautelar. Diferente opinión tendría en este caso Ciutadans, que sí ha criticado la delegación del voto –pero sin anunciar un recurso al respecto.

Ante ese escenario, en la Moncloa consideran que la casuística de delegar el voto no se puede hacer extensible a futuras votaciones. Explican que la mesa de edad ha podido interpretar el reglamento de esta manera para al caso concreto –lo que no da derecho a hacerlo por norma en adelante. El ejecutivo recuerda que la decisión de poder asistir físicamente a votaciones –como la investidura– se tendría que vehicular vía una petición al juez Llarena por parte de los diputados en prisión, o que la mesa presidida por Torrent valore la delegación en cada caso concreto.

De forma contraria, y ante posibles interpretaciones que se sitúen al margen de la normalidad, los asesores de Rajoy tendrán el recurso de inconstitucionalidad a punto, advierten las fuentes. "Hemos estudiado todos los escenarios", dicen.