La respuesta del Gobierno a la ONU es demoledora. Desde Moncloa ponen en cuestión todo el trabajo realizado por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que acaba de pedir la liberación de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Fuentes del ejecutivo denuncian que "el informe plantea dudas sobre su independencia e imparcialidad", e incluso denuncia la "utilización" del organismo "con fines espurios". Ven una "interferencia" en el proceso judicial a punto de quedar visto para sentencia, y lo atribuyen a la "manipulación y desinformación". No es poco.

En primer lugar, desde el Gobierno denuncian ignorancia del grupo de trabajo: "Los redactores del informe no saben de qué delitos están acusados en España los promotores de la denuncia". También les reprocha que "consideran que es legal en España la convocatoria de un referéndum de independencia de una parte del territorio, cuando es claramente contraria a la Constitución española". Y se sitúa en la misma tesis que las acusaciones: hubo sedición. "Dan por hecho que las concentraciones del 21 y 22 de septiembre eran manifestaciones en favor del referéndum y no concentraciones destinadas a obstaculizar la actuación de comisiones judiciales", critica el ejecutivo de Sánchez.

Por otra parte, la Moncloa acusa al grupo de trabajo de la ONU de no respetar la separación de poderes y la independencia judicial, "llegando a pedir al gobierno de España que adopte medidas que sólo corresponden al poder judicial". Y desmienten que haya presos políticos una vez más: "Dan por cierto que en España se juzga a las personas por sus ideas, y no por sus actos, obviando que quienes en Catalunya tienen y expresan ideas independentistas no son perseguidos por la justicia".

El Gobierno considera "especialmente grave" que el informe se haya hecho público "poco antes de que quede vista para sentencia la causa" en el Tribunal Supremo, "una lamentable circunstancia que podría ser interpretada como una interferencia en un proceso penal en marcha".

Por todos estos motivos, el ejecutivo en funciones hace una enmienda a la totalidad de todo el informe y hace "un llamamiento a sus responsables y a los supervisores del sistema en el conjunto para que refuercen el rigor, independencia y ecuanimidad de sus trabajos y permanezcan alerta ante los intentos de manipulación y desinformación a los que puedan ser sometidos".

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