El gobierno español ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) tres leyes catalanas más. Lo ha anunciado el portavoz del ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, durante el Consejo de Ministros. Se trata de la Ley de la Agencia Catalana de Protección Social –que preveía la creación de una agencia para gestionar la seguridad social catalana-, la Ley de protección del derecho a la Vivienda para personas en riesgo de exclusión social –para evitar desahucios, ayudar familias endeudadas y ampliar el parque público de vivienda- y la de voluntades digitales –para regular la vida digital de las personas muertas.
En este último caso, Méndez de Vigo ha dicho que la Generalitat se ha negado a crear una comisión bilateral para impulsar esta ley, tal como le había pedido el Estado. En el caso de la ley contra los desahucios, este viernes expiraba el plazo que tenía el ejecutivo español para recurrir la ley al TC.
La ley contra desahucios, aprobada en diciembre de 2016 en el Parlamento, fichaba instrumentos alternativos para dar respuesta a los puntos de la ley anterior suspendidos también por el TC en mayo de 2016.
Concretamente, ámbitos que hacen referencia a la mediación, el alquiler social, las expropiaciones del uso de pisos en caso de necesidad de vivienda en municipios de demanda acreditada.
El portavoz del gobierno español ha explicado que habían solicitado la apertura de la comisión bilateral para tratar el tema de la Ley de voluntades digitales. "Pedimos que se abriera esta comisión por un tema técnico y la Generalitat no ha respondido la solicitud; entendemos pues que no tienen voluntad de acuerdo y por eso hemos presentado el recurso al Tribunal Constitucional", ha manifestado.
Con respecto a la Agencia Catalana de Protección Social, el portavoz del gobierno español ha afirmado que la voluntad de la Generalitat era que se convirtiera en una "estructura de Estado".