La Fundación Fundesplai ha presentado este lunes una petición de indulto para Jordi Turull por razones humanitarias relativas a su entorno familiar, después de que se muriera el su padre, Mingo Turull, ahora hace seis días. Jordi Turull fue patrón de Fundesplai y, actualmente, es miembro de su consejo asesor. También ha sido socio y colaborador voluntario de Càrites y de otras organizaciones.

Además, este requerimiento, que cuenta con la adhesión de la mayoría de entidades del tercer sector social catalán, también resalta la trayectoria de Turull "al servicio de la sociedad civil, la democracia y la defensa de los colectivos vulnerables", ha apuntado a la entidad en un comunicado.

turull rizo almeces suspensión tercer grado - efeJosep Rull y Jordi Turull el día que entraron en Lledoners, después de que se les suspendiera el tercer grado / ACN

Taula del Tercer Sector Social da apoyo

Otro de los argumentos de los firmantes para pedir el indulto es que consideran que los familiares más directos sufren de manera muy intensa la privación de libertad de Turull, cosa que incluso tiene consecuencias en su salud. Asimismo, creen que la pena impuesta es una grave restricción en la libertad de opinión, expresión y reunión pacífica, tal como han dictaminado reiteradamente las Naciones Unidas y otros instancias acreditadas en la defensa de los derechos y las libertades.

A la petición también dan apoyo la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social (que aglutinan más de 3.000 entidades), la Fundación Pere Tarrés, representantes a título particular y también personalidades del mundo local, como todos los alcaldes de su municipio, Parets del Vallès, desde 1979. También se han adherido exconsellers como Lluís Recoder y Neus Munté, así como el expresidente del Parlamento Joan Rigol.

El Tribunal Supremo condenó en octubre del 2019 a doce años de prisión en Turull, que había ocupado el cargo de conseller de la Presidencia, por los delitos de sedición y malversación por la organización del referéndum del 1 de octubre. En julio de este año se le otorgó el tercer grado, un régimen de semilibertad, que posteriormente se le suspendió como medida cautelar a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva si lo acepta o lo deniega.