La Fiscalía Superior de Catalunya  ha recurrido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de archivar la causa contra el expresidente de la ACM y actual conseller de Interior, Miquel Buch, y la expresidenta de la AMI y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, por un presunto delito de desobediencia grave por su apoyo al 1-O.

En su recurso de apelación presentado ante la sala civil y penal del TSJC, la fiscal Assumpta Pujol pide reabrir la causa porque considera que, cuando Buch y Lloveras enviaron un correo electrónico el 12 de septiembre de 2017 informando a sus afiliados de que se habían elaborado carteles del 1-O que se pondrían a su disposición, ya habían sido apercibidos por el Tribunal Constitucional.

La fiscalía considera que sus actuaciones "estaban concernidas por el contenido del requerimiento y advertencia realizadas por el Constitucional" de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión de la convocatoria de referéndum.

Diferente criterio

El ministerio público asegura en su recurso que "no comparte" el criterio del TSJC, que decidió archivar el caso al no ver delito porque consideró que, al enviar un correo electrónico a los asociados de la AMI y la ACM con carteles alentando ir a votar el 1-O y a votar 'sí', actuaron en el ejercicio de funciones no institucionales y eminentemente políticas, ya que no lo hicieron en su condición de alcaldes.

La fiscalía discrepa de este criterio porque las competencias que desarrollaban Buch y Lloveras como dirigentes de la ACM y la AMI "derivaban directamente del hecho de ocupar el cargo de alcalde, de tal manera que es esta condición la que les permitió ser elegidos como presidentes" de dichas asociaciones.

Afirma que el requerimiento del TC, que fue comunicado a todos los alcaldes catalanes por la Delegación del Gobierno en Catalunya el 12 de septiembre tras suspenderse la convocatoria del referéndum del 1-O, "no era un requerimiento limitado exclusivamente al ámbito de las competencias municipales, sino que efectuaba una advertencia de carácter general".

Constata que el correo electrónico fue enviado por los querellados en su calidad de máximos responsables de la AMI y la ACM, "pero las competencias adquiridas como responsables de estas asociaciones derivan directamente de su condición de alcalde".

La fiscal resalta que estas asociaciones tienen como finalidad proteger y promover intereses comunes, por lo que la actuación de Buch y Lloveras "no se puede enmarcar dentro del ámbito privado, sino que se trata de una actuación en ejercicio de unas competencias".