El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha archivado la causa abierta a partir de una denuncia contra el conseller del Interior, Miquel Buch, y la expresidenta de la AMI y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, por supuestos delitos de desobediencia grave en relación con el 1-O.

El magistrado archiva la causa por entender que los comportamientos a los que hacía referencia el escrito de la fiscalia no supusieron la comisión de ningún delito: "Ninguno de los actos objeto del presente procedimiento presenta las notas características del delito de desobediencia grave imputado a los investigados, lo que tiene que comportar el archivo de las presentes diligencias previas".

La investigación se abrió por este delito después de que la fiscalía presentara una querella contra ellos dos, que también incluía prevaricación y malversación de primordiales públicos. Estos dos últimos delitos no fueron admitidos a trámite por el juez. Buch y Lloveras declararon al TSJC el 6 de noviembre pasado que hicieron "recomendaciones" a los alcaldes sobre el 1-O sin dar "ninguna orden".

 

La fiscalía se querelló contra Buch y Lloveras por los tres correos electrónicos que enviaron como dirigentes municipalistas entre el 6 y el 12 de septiembre del 2017 a los alcaldes catalanes, instándoles a colaborar con la organización del referéndum, después de que el Parlament aprobara las leyes del referéndum y de desconexión y que el Govern firmara el decreto de convocatoria del 1-O. Todos estos preceptos legales fueron suspendidos por el TC y se advirtió a muchas autoridades públicas, incluidos los alcaldes, que no dieran ningún paso para sacar adelante el referéndum. Las notificaciones llegaron al ayuntamiento de Vilanova y Premià el 12 de septiembre.

A las 23.31 horas del 6 de septiembre, minutos después de haberse aprobado la ley del referéndum en el Parlament, Lloveras y Buch enviaron un correo electrónico desde sus entidades a sus ayuntamientos asociados donde se les indicaba que podían proceder a confirmar la disponibilidad de locales de votación, y les facilitaban un modelo de decreto de alcaldía para mostrar su apoyo político al referéndum.

A pesar de la suspensión del referéndum por parte del Constitucional, el 10 de septiembre Lloveras envió otro correo a los asociados con un informe elaborado por el colectivo Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local per la Independència (SITxCAT) sobre el 1-O, que concluía que el derecho internacional ampararía la actuación de los funcionarios que desobedecieran el TC y cumplieran la ley catalana.

El 12 de septiembre, Lloveras y Buch enviaron un tercer correo con el nombre de 'Material de campaña para el Referéndum del 1 de octubre', que contenía el modelo de dos carteles de fomento de la participación y, en el caso del AMI, uno que pedía el voto afirmativo.

El magistrado instructor recuerda que las notificaciones de la suspensión del referéndum llegaron a los querellados después de que enviaran los dos primeros correos. Además, el TSJC dice del segundo correo que "es incuestionable la ausencia de toda sustancia penal" y totalmente "neutro". Respecto del tercer correo, una vez ya recibida la notificación del TC como alcaldes, el TSJC recuerda que lo enviaron como presidentes de entidades municipalistas, y por lo tanto sin efectividad administrativa.