La Fiscalía quiere que el Tribunal Supremo anule la sentencia contra parte de la mesa del Parlament presidida por Roger Torrent, que quedó absuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) del delito de desobediencia, y se vuelva a repetir con otros magistrados. El TSJC absolvió a Torrent, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa y Adriana Delgado al considerar que no tuvieron la intención de desobedecer los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) cuando admitieron a trámite dos resoluciones sobre la autodeterminación y la monarquía española. En cambio, el fiscal dice que la sentencia no estaba lo bastante fundamentada y la considera "arbitraria" y "alejada de la realidad", según el recurso al cual ha avanzado la ACN y ha tenido acceso ElNacional.cat.
La Fiscalía cree que la absolución "se aparta de toda lógica"
En su duro escrito en el Supremo, el fiscal Antonio Pablo Rives alega que la absolución por parte del tribunal fue "absolutamente arbitraria" y bajo "criterios valorativos no racionales, apartados de toda lógica o ajenos a cualquier parámetro de interpretación sostenible en derecho". Añade que la sentencia fue "ajena a las máximas de experiencia y apartadas del canon constitucional de valoración racional de la prueba". Así, la Fiscalía da la razón al voto particular de la sentencia del TSJC y dice que los otros dos magistrados tomaron una decisión "absolutamente faltada de fundamento y alejada de la realidad". A fin de justificar su recurso, Rives utiliza los argumentos que el mismo Constitucional esgrimió en enero del 2020, alegando que el Parlament "había vuelto a vulnerar la orden constitucional y estatutario" al admitir a trámite propuestas de resolución con contenido "objetivamente contrario a la Constitución y no era difícil de constatar", teniendo en cuenta sentencias previas del TC y los requisitos enviados a la Mesa. Por todo eso, la fiscalía no solo pide la nulidad de la sentencia y que el tribunal la vuelva a dictar para argumentarla mejor, sino que pide repetir el juicio con otros magistrados. Por su parte, aunque la acusación popular de Vox anunció que presentaría recurso, finalmente no lo ha formalizado.
Josep Costa denuncia al CGPJ la falta de imparcialidad de Barrientos
A principios de mes, uno de los encausados, Josep Costa, pidió por escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que abra un expediente sancionador al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, y al magistrado de la sala de lo civil y penal, Carlos Ramos, por las circunstancias del juicio por desobediencia contra la mesa del Parlament presidida por Roger Torrent. Según Costa, a pesar de estar recusado, el presidente del órgano judicial siguió interviniendo en el procedimiento, un hecho que considera una "falta grave", y acusa al juez de escoger a quien quería de sustituto saltándose las normas. En el caso de Ramos, el abogado ibicenco sostiene que "se resistió abiertamente", junto con Barrientos, a la decisión fijada por la Sala de Recusaciones, una posición que ve como una "manifiesta desconsideración", después de que esta determinara que había una "falta de imparcialidad para juzgar".