Las acusaciones populares del caso del hermano de Pedro Sánchez piden tres años de cárcel para David Sánchez, después de que la jueza de Badajoz lo procesara por prevaricación y tráfico de influencias. El escrito de acusación, al que ha tenido acceso ElNacional.cat, lo acusa de dos delitos continuados de tráfico de influencias en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa y de nombramiento ilegal por su puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz y por el nombramiento de Luis María Carrero (su colaborador en la Diputación de Badajoz y que previamente había trabajado en la Moncloa) como Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. Consideran que el hermano de Sánchez “habría utilizado sus influencias en la Diputación de Badajoz para obtener beneficios propios” y, en cada caso, solicitan un año y seis meses de prisión, sumados a una multa del duplo del beneficio obtenido por los dos e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante seis años. En total, tres años de cárcel y doce de inhabilitación. Sobre el delito de prevaricación en concurso con un delito de nombramiento ilegal, piden una multa de 32.400 euros. Por otra parte, reclaman que tanto David Sánchez como Luis María Carrero devuelvan a la Diputación de Badajoz los salarios que hayan obtenido. La acusación popular la integran Manos Limpias (que la dirige), junto con Iustitia Europa, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum y Vox.
¿De qué acusan a David Sánchez? Las acusaciones esgrimen que el hermano de Pedro Sánchez, “teniendo conocimiento previo” de que el puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios “se había creado para él”, se presentó a la convocatoria, consciente de que las entrevistas al resto de candidatos eran un “mero paripé” e “hizo la entrevista para simular la legalidad formal del procedimiento”. “Pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo, no trabajando habitualmente, pero ello no fue óbice para que sí percibiera el salario que el puesto tuvo adjudicado”, relatan. “Consiguió que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales, hasta tal punto que, al amparo de un cambio de nomenclatura, se le creó ilegalmente un nuevo puesto de trabajo, sin pasar por los trámites y controles reglados para ello, como el no tener que acudir diariamente a un despacho”, señalan. Finalmente, logró que la persona que “extraoficialmente ya le ayudaba activamente” en el proyecto Ópera Joven, Luis María Carrero, fuera contratada por la Diputación en un puesto que fue “creado con la finalidad de serle adjudicado de forma directa”.
Ahora bien, David Sánchez no es el único acusado. Hay diez acusados más. De entrada, Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, ostenta la “competencia para el nombramiento y cese del personal de Alta Dirección” y “participó directamente en los hechos”. Las acusaciones señalan que “era informado de todas las necesidades de personal y puestos que iban a crearse” y tenía una “relación estrecha” con David Sánchez y recuerdan que respondió por correo a otra de las acusadas (Elisa Moriano) que pedían “mucho personal” cuando aún no se contemplaba el puesto que sería para David Sánchez. Además, “se interesó directamente por las fechas mínimas para la adjudicación de un puesto de alta dirección, refiriéndose al puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios” y “consintió el aparente cambio de nomenclatura del puesto y realmente creación de un nuevo sin pasar por los trámites legales para ello”. Piden para él tres años de cárcel, una multa de 32.400 euros y una inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 27 años.
En segundo lugar, Luis María Carrero “habría utilizado la influencia derivada de su amistad íntima” con David Sánchez para conseguir la creación y posterior acceso al Puesto de Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. Para él, solicitan un año y seis meses de prisión, una multa del duplo del beneficio obtenido por el puesto que desempeñó, inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por seis años, la prohibición de contratar con el sector público y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante ocho años.
Los otros cuatro acusados por la creación del puesto de David Sánchez
Más acusados. Elisa Moriano (directora de Cultura en 2016 y 2017) y Cristina Núñez (diputada de Cultura en 2016 y 2017 y quien propuso a David Sánchez para su nombramiento) “participaron directamente” en la creación y adjudicación del puesto “siendo conscientes de su ilegalidad”. Las acusaciones piden inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por quince años y una multa de 32.400 euros.
Por su parte, Juana Cinta, que era directora del Área de Recursos Humanos, “colaboró activamente” en “dar apariencia de legalidad formal” a lo que se llamó “cambio de nomenclatura del puesto” y era “conocedora” y “toleraba” que David Sánchez “obtenía un dinero público sin ir a trabajar a la Diputación, ni sellar a la entrada ni estar autorizado a trabajar telemáticamente”. Para ella, piden un año y seis meses de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido por el hermano de Sánchez e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por seis años.
Y Félix González Márquez, jefe del Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección, intervino en la Comisión Asesora para la adjudicación del puesto y presuntamente tuvo conocimiento de que se iba a adjudicar a David Sánchez. Las acusaciones piden inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por quince años y una multa de 32.400 euros.
Dos acusados por la modificación del puesto de David Sánchez en 2022
Saltamos a 2022. Emilio Pareja (directora de Cultura) y Francisco Martos (diputado de Cultura) firmaron la propuesta de modificación del puesto de David Sánchez “cuando en realidad era una creación de un nuevo puesto” y “sin seguir con los trámites reglados para ello, sino fingiendo un cambio de nomenclatura”. Las acusaciones esgrimen que “tuvieron conocimiento de las conversaciones previas donde se hizo referencia a las funciones distintas y a la necesidad de creación del nuevo puesto”. Piden un año y seis meses de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido por el hermano de Sánchez e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por seis años.
Dos acusados por la contratación de Luis María Carrero
Finalmente, Manuel Candalija (director del Área de Cultura) y Ricardo Cabezas (diputado delegado del Área de Cultura) “intervinieron de forma directa” en la creación del Puesto de la Jefatura de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas y en la propuesta de cubrirlo de forma “inmediata y urgente”. “Se creó una apariencia de legalidad de un procedimiento administrativo cuya finalidad real era la adjudicación directa del puesto” a Luis María Carrero. Además, Candalijo “intervino” en la adjudicación del puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios a David Sánchez formando parte de la Comisión Asesora. Para ellos las acusaciones piden un año y seis meses de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido por Luis María Carrero e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por seis años.