La Fiscalía Superior de Catalunya ha citado a declarar varios miembros del Institut Català de Finances que participaron en la reunión en la cual se decidió avalar a los encausados por el Tribunal de Cuentas, según adelanta el Ara. A finales de julio, el Ministerio Fiscal anunciaba la apertura de una diligencia de investigación contra la Junta de Gobierno del Institut Català de Finances (ICF) por haber aceptado avalar con el Fondo Complementario de Riesgos del Govern las fianzas de los 34 exmiembros del ejecutivo a los cuales el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros.

Las primeras investigaciones son aquellos miembros de la junta del ICF que votaron no a avalar la decisión de conceder los avales. La lista la forman Rafael Abella, Albert Vilumara y José Luis Peydró, así como el consejero delegado del órgano, Víctor Guardiola. En el caso de Guardiola, se abstuvo en la votación. Son integrantes independientes que no están afiliados a ningún partido.

Denuncia de Ciudadanos

La decisión de la Fiscalía de iniciar una investigación de estos hechos daba respuesta a la denuncia presentada por el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, contra la decisión de la junta de gobierno del Institut Català de Finances de avalar las fianzas de los exmiembros del Govern a los cuales el Tribunal de Cuentas responsabiliza de haber dedicado dinero de la política exterior de la Generalitat a la promoción del procés.

La denuncia de Ciudadanos incluía también el Consell Executiu de la Generalitat después de recordar que este aval surge del Fondo Complementario de Riesgos creado por el Govern a través de un decreto el pasado 6 de julio. La denuncia atribuía a la creación de este fondo "el presupuesto habilitante para la realización de una operación fraudulenta" con el objetivo que personas encausadas por el Tribunal de Cuentas consiguieran un aval con fondo público para evitar que se ejecutaran las medidas cautelares contra ellos.

Conviene recordar que, con la trascendente votación, la junta quedó partida por la mitad, con un empate entre los vocales independientes, en que votaron en contra de los avales, y los dominicales -designados en representación del Gobierno-, que votaron a favor. La decisión se tuvo que aprobar con el voto de calidad del presidente del consejo, Albert Castellanos. El consejero delegado, Víctor Guardiola, se abstuvo.

El Consell de Garanties Estatutàries afirma que es legal

El Consell emitió un informe, de 74 páginas, con seis conclusiones todas aprobadas por unanimidad. En la primera subrayaba que el decreto del fondo concedido a los encausados por el Tribunal de Cuentas no vulnera el Estatuto en relación a la necesidad de la aprobación "extraordinaria y urgente", como cuestionó el PSC. Tres de las conclusiones descartan ninguna vulneración de la Constitución de las que se había planteado.

Además, el Consell de Garanties Estatutàries consideró en este escrito que la Generalitat está "habilitada para crear un instrumento de protección de sus servidores públicos", como es el caso de este fondo.

La Abogacía del Estado todavía se tiene que pronunciar

En medio de todo este revuelo, el Tribunal de Cuentas mostró sus dudas sobre la "suficiencia y legalidad" de los avales presentados por el ICF para cubrir los 5,4 millones que este órgano fiscalizador reclamaba a 34 exmiembros del Gobierno como fianza por la acción exterior de la Generalitat entre el 2011 y el 2017. No obstante, la delegada instructora del caso, Esperanza García, pidió un informe a la Abogacía del Estado.

El único que se manifestó a principios de agosto es el abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, que se inhibió sobre la consulta de la delegada instructora del máximo órgano fiscalizador del Estado, Esperanza García, relativa a la legalidad del aval del Institut Català de Finances en 29 de los 34 ex altos cargos de la Generalitat a los cuales el Tribunal de Cuentas les exigió fianzas de 5,4 millones de euros.

Según explicaba el diario 'ABC', el abogado considera que podría existir "un posible conflicto de intereses" porque la Abogacía del Estado también ha formado parte de la causa y ahora se le pide que elabore este informe sobre los avales. Hay que recordar que la Abogacía acabó retirándose del caso y no presentó denuncia. Eso sí, lo hizo porque la propia doctrina del Tribunal de Cuentas establece que la Abogacía no tiene legitimidad para hacer la denuncia al tratarse de fondo públicos autonómicos, no estatales.

García Monteys expresó en un informe que pasa la pelota a la jefa de la Abogacía General del Estado, Consuelo Castro. El abogado instaba Castro a responder "a la brevedad mayor posible". En esta línea, este informe de la Abogacía General del Estado todavía no ha llegado.

 

Imagen principal: Fotografía de archivo de la sede de la Fiscalía Superior de Catalunya. ACN.

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