La fiscalía ha archivado la denuncia de la Generalitat por la quema y tiroteo de un muñeco que representaba al presidente Carles Puigdemont en una fiesta en la localidad sevillana de Coripe el pasado 21 de abril, al concluir que no incitó al odio ni supuso una discriminación por motivos ideológicos.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, el fiscal de delitos de Odio de Sevilla resalta que la quema y tiroteo del muñeco de Puigdemont en la fiesta de la Quema de Judas de Coripe no supone "una discriminación o rechazo a una ideología política ni ampara, de ninguna manera, actos de incitación a la violencia", ya que "en ningún momento se hizo referencia ni a la ideología ni al lugar de residencia del personaje".

Además, alega que es tradición en la fiesta de la Quema de Judas que se escoja un personaje que represente "el mal" del año y que en esta ocasión se optó no por un cargo de la Generalitat sino "por un ciudadano que se encuentra en la actualidad huido de la Justicia española y a quien se le atribuyen gravísimos delitos".

La Generalitat denunció por un delito de incitación al odio al alcalde de Coripe delante de la Fiscalía por la quema y tiroteo el pasado 21 de abril del muñeco que representaba a Puigdemont, con una bandera independentista colgada en el cuello, en el marco de la fiesta de la Quema de Judas.

Según la Fiscalía, pretender extender la representación de la Quema de Judas en relación con un personaje concreto "con un ataque a una ideología política" resulta "una artimaña" que no encuentra lugar en la jurisprudencia sobre el discurso del odio.

Además, advierte que los hechos denunciados no afectan a ningún miembro del gobierno catalán, por lo cual, de entrada, no habría que admitir la personación de la Generalitat en la denuncia ante el Ministerio Público por estos hechos.

"No se trata, aunque así se afirme al acuerdo del gobierno de la Generalitat, de un ataque al MH Presidente Carles Puigdemont, sino de un ciudadano que se encuentra huido de la Justicia contra el cual se sigue un procedimiento penal por delitos muy graves", sostiene.

No obstante, al tratarse de un delito de carácter público, y habiendo tenido conocimiento de los hechos, la Fiscalía procedió a analizar el caso, y finalmente concluyó que no concurre ninguno de los elementos que integran el delito de incitación al odio.

Fiesta de Interés Turístico Nacional

El fiscal resalta en este sentido que la fiesta de La Quema de Judas, que se lleva a cabo el Domingo de Resurrección, fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2001 y que ha quedado "bastante acreditado" que existen caracteres de antigüedad en su celebración, así como la "originalidad y diversidad" propios de una tradición popular de interés turístico.

En concreto, el ministerio público expone que se trata de una tradición que consiste en tirotear un muñeco hecho de trapo y paja en el que se esconde un poco de gasolina hasta que este empieza a quemar.

"El muñeco —indica la fiscalía— representa un personaje conocido que durante el año haya destacado por haber realizado alguna mala acción".

Según detalla la fiscalía, son los padres de los alumnos de segundo de ESO del colegio público de la localidad los que en una votación "secreta y no reglada" eligen y elaboran el muñeco de un personaje que represente "el mal", en contraposición al Cristo Resucitado que minutos antes ha recorrido el pueblo en procesión.

En el caso de la fiesta de la Quema de Judas de este año, los padres de los alumnos eligieron como personaje destacado para representar el mal "no a un cargo de la comunidad autónoma de Catalunya sino a un ciudadano que se encuentra en la actualidad fugado de la Justicia española y al cual se le atribuyen gravísimos delitos pendientes de imputación", expone el escrito.

La fiscalía reconoce que algunos de los insultos contra Puigdemont que se recogen en la denuncia podrían integrar un delito de injurias, pero matiza que en este caso tendría que ser el propio presidente quien interpusiera una querella y además avisa de que los autores de estas exclamaciones no han sido identificados.

Una vez archivado el caso, la fiscalía abre la vía para que la Generalitat remita la denuncia al juzgado de primera instancia de Morón de la Frontera, decisión que los servicios jurídicos de la administración catalana todavía están evaluando.