Ningún delito. La Fiscalía de Madrid ha concluido que las manifestaciones que hizo el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, en una emisora de radio y la portavoz del Govern, la periodista Patricia Plaja en rueda de prensa, sobre la actuación del juez Manuel García-Castellón "no integran el delito de calumnias" porque "forman parte de la libertad de expresión" y se realizan en "un contexto claramente político". Sin citarlo, Rodríguez y Plaja criticaron al magistrado de la Audiencia Nacional porque ante un inminente acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, el juez dictó el 6 de noviembre pasado una resolución en que imputaba por terrorismo a 12 investigados por las acciones de Tsunami Democràtic, y por primera vez, incluía al president en el exilio Carles Puigdemont.
La Fiscalía de Madrid abrió unas diligencias de investigación después de que la Fiscalía General del Estado le comunicara que el juez de Tsunami Democràtic quería pedir amparo al Poder Judicial por las críticas recibidas. La fiscal investigadora, Ana Galdeano, ha analizado las declaraciones del secretario de Estado de Justicia y de la portavoz del Govern y concluye que no encajan en ningún delito. Por ello, el 17 de noviembre firma un decreto de archivo, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat. Sin embargo, indica que afirmaciones realizadas por otras personas, incluso por magistrados, podrían encajar en el delito contra el derecho del honor, del cual solo puede presentar denuncia la persona que se considera afectada.
Declaraciones genéricas
Para García-Castellón, en las declaraciones de Rodríguez y de Plaja “se puede inferir la intención de influir en el procedimiento judicial, así como de inquietarlo o perturbarlo en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales", según la queja presentada en el Consejo General del Poder Judicial, que admitió a trámite su petición de amparo y lo tiene que resolver.
En concreto, la portavoz del Govern afirmó al día siguiente en la polémica resolución: “Aquellos a quien les toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas, sino castigarlas, prevaricando. Y el 8 de noviembre el secretario de Estado de Justicia afirmó en una radio: “Yo no tengo ni idea de si tiene razón o no, pero qué casualidad que fuera este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si esto no es influir, que venga Dios y lo vea...”
La fiscal afirma que estas afirmaciones no encajan en el delito de calumnias porque son “imputaciones genéricas”, y hace falta que se detallen las acciones calumniosas. Además, cita jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en el contexto político hay que permitir la libertad de expresión y que la vía penal es la última acción.
Lawfare y la OTAN
Desde Junts y ERC sí que se ha denunciado que el juez de Tsunami Democràtic está cometiendo lawfare contra el independentismo catalán. El abogado Gonzalo Boye, en nombre de Josep Lluís Alay, le acaba de reclamar información de toda la instrucción hecha, que estuvo muchos meses en secreto.
Además, el abogado Benet Salellas, en nombre de los investigados Oriol Soler y Oleguer Serra, ha recusado al juez por falta de imparcialidad. Inicialmente, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional lo admitió, y poco después lo rechazó por una cuestión de forma al analizar la recusación, la cual tendrá que volver a analizar en un próximo recurso.
Sin frenos, este lunes, el juez García-Castellón para internacionalizar el caso de Tsunami, ha pedido a la OTAN si la protesta masiva al aeropuerto del Prat contra la sentencia del Procés, el 14 de septiembre de 2019, afectó la zona del espacio aéreo. Una petición cuatro años después de los hechos y sin esperar que el Tribunal Supremo le diga si ve indicios para investigar Puigdemont porque es aforado en el Parlamento Europeo, si se queda toda la causa de Tsunami o si no ve el delito de terrorismo en ninguna parte, como la Fiscalía.