La defensa del caso Tsunami Democràtic pone el foco en la investigación llevada a cabo por el juez de la Audiencia Nacional. Gonzalo Boye, abogado de Josep Alay y también del president en el exilio, Carles Puigdemont, que ha reclamado al juez de la Audiencia Manuel García-Castellón la certificación de todas las diligencias que ha acordado en el procedimiento sobre el caso de Tsunami desde octubre del 2019. Entre las diligencias que ha pedido en representación de Alay, el abogado reclama las euroórdenes y comisiones rogatorias internacionales cursadas, el nombre de las personas investigadas en el caso y las prórrogas que se ha aplicado al secreto de sumario.
La Audiencia investiga desde octubre del 2019 a Tsunami Democràtic a raíz de las protestas contra la sentencia del Procés. No obstante, el pasado 6 de noviembre, en plenas negociaciones entre el PSOE y Junts sobre la amnistía, el juez decidió investigar por terrorismo a una docena de personas, entre las cuales Josep Lluís Alay, pero también a Puigdemont —a quien ha ofrecido que se persone voluntariamente dado que para procesarlo tiene que pedir antes un suplicatorio al Parlamento Europeo— y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. La acusación de terrorismo podría cerrar el paso de estos investigados a la amnistía. Además, García-Castellón intenta atribuir a las protestas de Tsunami la muerte de un ciudadano francés que sufrió un infarto. La decisión del juez de investigar a Tsunami por terrorismo, avalada por un informe de la Guardia Civil, recibió una contundente respuesta en contra de la Fiscalía.
Todas las diligencias
En un escrito que ha presentado hoy en la Audiencia, Boye ha reclamado al juez todas las diligencias de investigación que ha acordado desde que se abrió el procedimiento el 29 de octubre del 2019; las órdenes europeas de investigación cursadas desde aquella fecha; las comisiones rogatorias internacionales activadas; el total de personas investigadas "oficialmente y no oficialmente" desde el momento en que se abrió el procedimiento y desglosando las diligencias previas; las fechas entre las cuales se mantuvo en secreto el procedimiento, "con especial atención a todas las prórrogas"; y las declaraciones de los testigos, peritos e investigados en el procedimiento desde su apertura el 29 de octubre y desglosando las diligencias previas.
Precisamente, García-Castellón dictó ayer una resolución en que ordenaba nuevos requerimientos a organismos españoles e incluso europeos, para aclarar las "incidencias" que la manifestación masiva en el aeropuerto del Prat del 14 de septiembre del 2019 contra la sentencia del Procés ocasionó en el espacio aéreo. El juez ha reclamando pedir información a la OTAN, a través del Mando supremo aliado en Europa (SACEUR), sobre incidencias que se hubieran podido registrar en el tráfico aéreo y que en caso de que estén clasificadas como secretas se desclasifiquen para poder incorporarlas al caso.
García-Castellón elevó la pasada semana al Tribunal Supremo la investigación por terrorismo de Tsunami Democràtic, dado que aparte de Puigdemont también figura entre los investigados otro aforado, el diputado del Parlamento Ruben Wagensberg. Previamente, diferentes defensas del caso habían presentado recusaciones contra el juez.