El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido apartar a todos los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que estudiar el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su renovación y decidir si continúa o no en el cargo, dado que son los mismos magistrados que ya dijeron que había actuado con "desviación de poder" al proponer a Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Fuentes fiscales han confirmado que el fiscal general ha presentado un incidente de recusación contra los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala contenciosa administrativa contra su designación al frente de la Fiscalía General del Estado. La petición ha sido presentada por Álvaro García Ortiz a título particular y no por la Abogacía del Estado.
Los magistrados que García Ortiz quiere apartar son los mismos que el pasado mes de noviembre dictaron una sentencia que tumbó el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada del Supremo, y acusaron al fiscal general de "desviación de poder", ya que "su finalidad fue asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal". Y que finalmente, este martes acordaron anular el nombramiento de Delgado.
Objetividad en duda
El fiscal general considera que los magistrados no pueden ser objetivos para valorar su continuidad al frente del Supremo, una vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo consideró "idóneo" precisamente por aquella sentencia del Supremo. Aparte, García Ortiz también señala el caso del magistrado José Luis Requero, quien al día siguiente de aquella sentencia contra Delgado escribió un artículo al diario La Razón, donde afirmaba que "basta fijarse en lo que ya es un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado apesebrados". Precisamente, por esta razón es que pide que su caso se revise por otros magistrados que no tengan pronunciamiento o referencias contra él.
La Sala Especial cuenta con 15 magistrados: el presidente interino del Supremo, está formada por cada uno de los presidentes de las cinco salas del alto tribunal, los cinco magistrados más antiguos y los cinco más recientes de cada una de estas Salas. En caso de que los magistrados recusados no se aparten, la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) —en su artículo 227— contempla que será la conocida como 'Sala 61', que tendrá que pronunciarse sobre la petición planteada por García Ortiz. Entre sus competencias se incluye la de estudiar "los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo, o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala", tal como se produce en este caso.