Uno de los diarios de más alcance internacional con sede en Londres, el Financial Times, ha publicado este viernes un artículo titulado "Lawfare a España: los casos contra la familia Sánchez", donde se hace eco de los numerosos casos que salpican a los diversos líderes políticos influyentes de España. La noticia—que no hace distinciones entre miembros o no del gobierno socialista— dice que la investigación de los múltiples casos de corrupción en el estado ha creado "un furor que ha convertido España en un emblema de la justicia politizada". La recopilación expone detenidamente la entrelazada situación de los casos judiciales recientes que involucran a Begoña Gómez y a David Sánchez, pero también en Díaz Ayuso y en Feijóo, a José Luis Ábalos, al fiscal general Álvaro García Ortiz y a diferentes jueces implicados en las investigaciones.
El Financial Times ofrece una radiografía del panorama político español que, de la mano de las causas abiertas ahora contra la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, dibuja un ambiente de tensión política constante entre el PP y el PSOE —que son el núcleo del artículo. Según el diario, el debate sobre la ideología de los jueces y las acusaciones de persecución política a través del sistema legal no hacen más que demostrar la poca consistencia del sistema democrático español, que ha tenido el poder judicial condicionado por el PP y el PSOE desde sus orígenes, tal como afirma la abogada internacional Miriam González Durántez.
Dos partidos hegemónicos y los personajes de siempre: los casos españoles
Las investigaciones nombradas en la noticia son varias, pero el Financial Times pone el acento en el factor común: el PP y el PSOE. El intercambio de imputaciones judiciales y políticas entre los líderes de los dos partidos dominantes en España muestran la condición notablemente bipartidista del sistema político español. Uno de los síntomas de este carácter dual es el raro acuerdo sobre el órgano de renovación del Consejo General del Poder Judicial del año pasado, que acuerda que cada uno de los dos partidos principales escoge 10 miembros —"ningún otro partido tiene nada que decir", recuerda la noticia.
El principal caso analizado es el más mediático: el de la familia del presidente Pedro Sánchez. La presunta corrupción y tráfico de influencias de Begoña Gómez con las universidades y de David Sánchez con los conservatorios de música es lo que tiene más cabida en el análisis. El papel del colectivo Manos Limpias —al cual se define como "grupo con un historial de litigios con tintes políticos"— y de los jueces Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma también se pone sobre la mesa. Por otra parte, también se citan los casos de presunto fraude fiscal de la pareja de Díaz Ayuso y la consiguiente investigación sobre el Fiscal General del Estado de España, Álvaro García Ortiz, por filtración de material confidencial en la causa de la presidenta autonómica. Además, se hace mención del caso Koldo y de las supuestas implicaciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos en una trama de corrupción con material sanitario durante la Covid-19, así como de las críticas que recibió el presidente español por el nombramiento de Juan Carlos Campo y Laura Díez como magistrados del Tribunal Constitucional. El otro protagonista de la historia es Núñez Feijóo, que no ha tenido piedad con los movimientos de Pedro Sánchez, a quien ha criticado sin cesar, llegando a acusarlo de intentar "poner bozal" a los jueces —cita el artículo.
La precariedad de la separación de poderes: epicentro de la crítica
El artículo del Financial Times tiene un tono claramente punzante. A través de testigos de jueces y abogados internacionales, el diario expone la diversidad de opiniones con respecto a la derivación ideológica del poder judicial español. Mientras el lado progresista y los "nacionalistas Catalanes y Vascos" consideran que los jueces "tienden más hacia la derecha que hacia la izquierda", Pedro Sánchez se muestra preocupado definiendo las acusaciones como "acosos derivados de acciones legales abusivas" y la CEOE, por su lado, enfatiza la "importancia de la separación de poderes y del Estado de derecho como fundamento de la democracia en España", así como "su papel esencial para garantizar un clima favorable a la actividad empresarial".
Adicionalmente, el medio británico explica que centenares de jueces en España son miembros de asociaciones laborales abiertamente ideológicas —como la Asociación Profesional de la Magistratura (derechas) y Juezas y Jueces para la Democracia (izquierdas), que tienen 1.400 y 440 miembros respectivamente. El artículo recuerda también las declaraciones de Sergio Olivia Parrilla, juez y portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, donde explicaba que España tiene miles de jueces independientes e imparciales, pero la manera como se escogen "envía un mensaje a los ciudadanos que la ideología de un juez en particular puede importar". También se cita a Edmundo Rodríguez, portavoz de JJpD y juez, que también se ha pronunciado contundentemente en este aspecto: "Parece que ir a los tribunales se ha convertido en un instrumento más de guerra política".
El verdadero problema no radica, según el diario británico, en la identidad o la ideología de los partidos o personajes implicados, sino en la fragilidad de un sistema institucional que permite que el poder judicial sea objeto de disputa y sospecha constantes. Mientras el debate público se concentra en la batalla entre siglas y nombres propios, lo que remarca el Financial Times es el círculo vicioso de la judicialización de la política y la politización de la justicia españolas, que denigra la estructura democracia del estado más que cualquier gobierno en específico.