Alberto Núñez Feijóo sigue girando la mirada a la derecha a la búsqueda de los votantes de Vox. En las últimas semanas, el Partido Popular ha radicalizado su discurso sobre la inmigración en plena pugna con la formación de Santiago Abascal y enmedio de una disputa por apropiarse de la bandera de la seguridad. Génova dio el primer paso con la aprobación de una ponencia política con postulados duros y restrictivos con los inmigrantes y en las últimas semanas líder del PP se ha encargado de poner voz a esta postura. Todo ello, coincidiendo con los disturbios xenófobos que ha habido en Torre-Pacheco con grupos ultras organizando “cacerías” de inmigrantes. Ya hace tiempo que el PP insiste y reitera el mensaje de que los inmigrantes irregulares tienen que ser expulsados de España, pero hoy Feijóo ha ido un paso más allá: “Cuando el inmigrante es irregular, será expulsado de forma inmediata. Cuando el inmigrante es regular, depende del delito que cometa, puede ser expulsado de forma inmediata o, por el contrario, habrá que juzgarle y habrá que buscar cuál es la pena adecuada”, ha defendido en una entrevista en Cuatro.
“Debemos replantearnos si determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deben de dar lugar en el futuro”, ha justificado Alberto Núñez Feijóo. Pero no ha especificado a qué delitos se refería. El líder del PP ha hecho un llamamiento a “hacer una reflexión” sobre el Código Penal y modificar las leyes que sean necesarias para “mandar el mensaje” a las personas que llegan a España que podrán “vivir de forma ordenada y regular” si entran a “trabajar con un contrato de trabajo, asumen la Constitución y aceptan los valores y la cultura del país”. “La inmigración es un fenómeno europeo, no se puede tratar ni con populismo ni con buenismo”, ha apostillado.
La carrera entre el PP y Vox por el discurso sobre la inmigración y la seguridad
Las palabras de Feijóo resuenan a algunos discursos de Vox. Justo ayer, la formación de extrema derecha presentó una iniciativa en el Congreso para reclamar que se deporte de “forma inmediata” a “todos los inmigrantes ilegales presentes en territorio español”, que se ejecute de forma “preferente y urgente” todas las órdenes de expulsión que pesen sobre inmigrantes y que se expulse a aquellos inmigrantes regulares que cometan delitos graves o “hagan del delito leve su forma de vida”. Este último planteamiento no dista del que ha puesto hoy Feijóo encima de la mesa.
Justo hace quince días, Vox defendió explícitamente deportar a ocho millones de inmigrantes y a sus hijos. “Todos estos millones de personas que han venido hace muy poco tiempo a nuestro país y no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos han protagonizado escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos, tendrán que volver a sus países”, argumentó la diputada Rocío de Meer. En este caso, el PP marcó distancias con Vox y replicó, en palabras de Ester Muñoz, que los populares no están a favor “ni de las regularizaciones masivas ni de las deportaciones masivas”.
¿Qué dicen el Código Penal y la Ley de Extranjería?
Actualmente, el artículo 89 del Código Penal estipula que las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán “sustituidas por su expulsión del territorio español”. Y matiza que esta sustitución “no procederá” cuando la expulsión sea “desproporcionada” a la vista de las “circunstancias del hecho y las personales del autor, en particular su arraigo en España”. Además, puntualiza que la expulsión de un ciudadano de la Unión Europea “solamente procederá” cuando represente una “amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales”. En los casos de los extranjeros que hayan residido en España durante los diez años anteriores, la ley introduce más requisitos para proceder a la expulsión, como haber sido condenado por uno o más delitos contra la vida, la libertad, la integridad física o la libertad e indemnidad sexuales o delitos de terrorismo.
Por otro lado, la Ley de Extranjería fija en el artículo 57 que cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves o graves (algunas de ellas), “podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del territorio español”, que conllevará la “extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España”. Ahora bien, salvo algunas excepciones, la sanción de expulsión no podrá ser impuesta a los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años, a los residentes de larga duración o los que hayan sido españoles de origen y hayan perdido la nacionalidad española.
El PP endureció su discurso sobre la inmigración en la nueva ponencia política
Hace tres semanas, el PP aprobó su nueva ponencia política en el congreso que celebró en Madrid. Y en el documento, de 52 páginas, hay un apartado específico sobre la postura del partido en relación con la inmigración. Es la guía u hoja de ruta que tiene que guiar a los populares y que tiene que orientar tanto sus programas electorales como sus planteamientos en las iniciativas que impulsen, por ejemplo, en el Congreso. Hay cuatro elementos caudales. En primer lugar, el PP quiere establecer que “contribuir tiene que ser condición para permanecer” y se compromete a eliminar la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas: “La irregularidad no puede generar derechos”, justifican. Además, el PP condicionará la residencia de larga duración a la “contribución efectiva” al sistema de Seguridad Social y al “conocimiento del idioma y de la cultura españolas” y arguye que “recibir prestaciones asistenciales no puede generar por sí mismo el derecho a residir legalmente en España”.
En segundo lugar, los populares quieren recuperar el “carácter excepcional” del arraigo y la reagrupación familiar porque consideran que se ha convertido en una “vía opaca de regularización masiva de inmigrantes irregulares sobre la que el Estado apenas ejerce control”. La tercera pata del planteamiento tiene que ver con la delincuencia: “Tolerancia cero con aquellos que cometen delitos, especialmente los reincidentes, y con los que no se quieren integrar y respetar nuestra cultural, particularmente el rol de la mujer de la sociedad”, señala el documento, que apuesta por “repatriar de inmediato a los inmigrantes ilegales y a quienes cometan algún delito”. Finalmente, en Génova alegan que el control de fronteras “no es ni un capricho ni una amenaza”, sino que es la “garantía de la convivencia en libertad”. “Es urgente establecer vías de entrada legal y ordenar la entrada de personas, primando la llegada de aquellos culturalmente cercanos, que cubren necesidades en el mercado laboral y anhelan ser partícipes de nuestro sistema de valores”, apostillan.