Nuevo revés a la justicia española. El Tribunal Superior de Schleswig-Holstein ha decidido hoy extraditar a España al president Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos públicos, pero no por un presunto delito de rebelión ni de sedición como pedía el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Esto significa que si Puigdemont es extraditado a España, en ningún caso puede ser juzgado por ninguno de los otros dos delitos de los que le acusaba el magistrado del Supremo. El president en el exilio seguirá estando en libertad en Alemania con el mismo régimen que hasta ahora —la Fiscalía quería que lo volvieran a encerrar—, puede recurrir la decisión de la justicia alemana y, además, la extradición sólo se hará efectiva si así lo aprueba la fiscalía alemana.

El tribunal sustenta que los actos que denunciaba Llarena no encajan con el delito alemán de alta traición, ni de perturbación del orden público —delito también propuesto por la justicia española por si la alemana no aceptaba los cargos por rebelión— porque confirma que nunca ha habido violencia. Se ha descartado la responsabilidad penal por ruptura de la paz porque a Carles Puigdemont sólo le preocupaba la celebración del referéndum. No era un "líder espiritual" "de una violencia", subraya el auto.

Por otra parte, el tribunal sí admite la extradición por malversación porque consideran que "las autoridades españolas acusarían justificadamente a Carles Puigdemont de ser corresponsable de incurrir en obligaciones financieras con el erario público. La confirmación de estas acusaciones en resultados tiene que ser aclarada exclusivamente en el contexto del proceso penal español".

 

Lee aquí el auto en castellano

El delito de malversación comporta una pena máxima de cinco años de prisión y no de 30, que es el máximo que contempla el delito de rebelión y que es precisamente el delito por el que están acusados los presos políticos, que llevan prácticamente nueve meses encerrados en centros penitenciarios. De hecho, el jurista y colaborador de El Nacional Joan Queralt lo explica en cinco puntos muy claros:

Ahora bien, el tribunal alemán reclamó al juez del Supremo el escrito del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro que negaba la malversación del 1-O, después de que asegurara en abril que la Generalitat no destinó "ni un euro" para el referéndum, donde ponía de relieve que se desgranaron los "mecanismos de control" que él aplicaba sobre los gastos de la Generalitat desde noviembre de 2015 hasta septiembre de 2017, momento en que Montoro explicaba que "se había reforzado el control".

A estas afirmaciones también se sumó el expresidente español Mariano Rajoy, que reconoció en el Congreso que Puigdemont no ha cometido malversación para el 1-O y lo dijo bien claro: "No se dedicó ni un solo euro del FLA al referéndum ilegal que supuestamente de se tenía que celebrar en Catalunya".

Mentiras sostenidas

El president Puigdemont ya ha reaccionado sobre esta cuestión y ha celebrado que "hemos derrotado la principal mentira sostenida por el Estado".

Precisamente por eso, ha lamentado que "cada minuto que pasan nuestros compañeros en la prisión es un minuto de vergüenza e injusticia", pero ha querido dejar bien claro que "lucharemos hasta el final, y ganaremos".

Aparte de eso, el Tribunal Supremo ya avisó de que rechazará la extradición de Puigdemont si era sólo por malversación. Ahora tendrá que decidir si quieren juzgar al presidente en el exilio por este presunto delito o no.

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